El Ministerio Público indicó que la compra de 324 ventiladores pulmonares, en 2020, generó un daño económico al Estado por más de $us 10 millones.
La Paz, 11 de octubre de 2023 (AEP). - Diez años de prisión pidió la Fiscalía para la exministra de Salud María Eidy Roca y otros siete exfuncionarios implicados en el caso Respiradores Chinos de 2020, que originó un daño económico al Estado de $us 10 millones.
“Se ha presentado la acusación formal por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública”, detalló el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos.
Junto con Roca se hallan implicados el exviceministro de Salud Elías Ramón Cordero; un exasesor jurídico; una exdirectora de Servicios Generales; un exjefe de la Unidad de Redes y Servicios de Salud; un exjefe de la Unidad Financiera; y una exconsultora, todos del Ministerio de Salud, además del representante legal de la Empresa Grupo AGEM.
El caso Respiradores Chinos está vinculado a la compra de 324 ventiladores pulmonares a través de un proceso irregular de contratación directa durante 2020, año de la pandemia del Covid-19. La adquisición de los equipos causó una afectación económica al Estado de más de $us 10 millones, valoró la Fiscalía.
Juicio
María Eidy Roca asumió como ministra de Salud interina el 20 de mayo de 2020, en el gobierno de facto de Jeanine Añez (2019-2020), en reemplazo del también exministro Marcelo Navajas, quien fue apartado del cargo ante el inicio de investigaciones por el presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores.
Barrientos señaló que ahora se espera que la autoridad jurisdiccional señale fecha para el inicio del juicio, donde se pedirá la sentencia con la pena máxima de 10 años de prisión para todos los implicados.
En este caso, el 1 de marzo de 2021, la Fiscalía Departamental de La Paz imputó a la ex Ministra de Salud por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El 19 de abril de 2021 la justicia determinó detención domiciliaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fianza de Bs 70.000 y arraigo para la exministra.
Roca, afectada por una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), obtuvo un desarraigo para un tratamiento médico en Argentina, país al que viajó el 7 de mayo. El primer desarraigo venció el 27 de junio y esta vez la justicia aceptó un nuevo plazo para que ella continúe su tratamiento.
“De acuerdo a las pruebas presentadas en la acusación, los respiradores adquiridos en el primer semestre de 2020 no solo no cumplían con las especificaciones técnicas, sino que además presentaban un presunto sobreprecio, ya que fueron adquiridos por un precio unitario de $us. 30.000 cuando su costo en el mercado no sobrepasaba los $us 8.900”, explicó el fiscal Barrientos.
En 2021, el entonces fiscal Anticorrupción, Marcos Villa Pareja, indicó que de la revisión de la documentación relativa a la enmienda de la ingeniería del valor de los respiradores, se habría vulnerado la prescripción contractual en la cláusula 33.4, del Convenio de Contrato entre el Ministerio de Salud y la empresa Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos SAU, Sucursal Bolivia.
Acusación formal debidamente sustentada
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos.
El fiscal Aldrin Barrientos explicó que, en el caso Respiradores Chinos, el Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria.
“Entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la unidad de terapia intensiva (UTI) ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras”, dijo.
Barrientos explicó que, a pesar de que se conocía este antecedente, se suscribió una segunda enmienda al contrato de adquisición, la cual no aceleraba el periodo de entrega ni reducía el valor del contrato o mejoraba la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los equipos, ni ningún otro beneficio para el Estado; al contrario, se continuó con la adquisición de los respiradores que no cumplían los requerimientos técnicos.
Apuntó a que cuando los respiradores fueron distribuidos a los hospitales del país, los médicos denunciaron que los equipos no funcionaban, y aquellos que sí, provocaban daños a los pacientes al cambiar el nivel de oxígeno, generando traumas de orden torácico.
Contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública son los cargos en contra de la exministra María Eidy Roca y otros siete exfuncionarios del Ministerio de Salud.
El Código Penal establece una pena de 10 años para el servidor o servidora pública que celebre contratos en perjuicio del Estado; de uno a seis años para el delito de conducta antieconómica; y de uno a 10 años por delitos contra la salud pública.
