En las calles adyacentes al juzgado, las organizaciones sociales protagonizan protestas en demanda de la máxima sanción para los acusados.
La Fiscalía solicitó al juez del caso Golpe de Estado I una condena de 20 años de cárcel para Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por los delitos de terrorismo, conspiración y otros cargos, en relación con los hechos violentos de 2019. Mientras tanto, organizaciones sociales se congregaron a las afueras del juzgado para exigir justicia.
La solicitud del Ministerio Público se presentó durante la audiencia de inicio del juicio oral, que se lleva a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
Aproximadamente a las 08.30 de hoy comenzó el juicio contra Añez, Camacho, Pumari y otras exautoridades.
En las calles adyacentes al juzgado, las organizaciones sociales protagonizan protestas en demanda de la máxima sanción para Añez, Camacho, Pumari y otros implicados en el caso Golpe de Estado I.
“Tiene que haber justicia, es el mandato de las bases. Las organizaciones sociales están aquí haciendo vigilia exigiendo justicia. Tienen que trabajar con celeridad”, afirmó Esteban Alavi, ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB).
En las primeras horas del día, la exsenadora, y los excívicos cruceño y potosino llegaron al juzgado para rendir sus declaraciones. Camacho fue trasladado desde el penal de Chonchocoro bajo un fuerte resguardo policial a las 05.00.
Pumari, quien había sido trasladado desde la cárcel de Potosí al centro penitenciario de San Pedro, en La Paz, fue llevado al juzgado a las 05.48. Añez arribó desde el centro penitenciario de Miraflores a las 06.11.
El área del juzgado, ubicado en la calle Bolívar, permanece bajo estricta seguridad, con anillos policiales y bomberos, sin manifestaciones en los alrededores.
Además, entre los testigos citados están los expresidentes Carlos Mesa y Jorge 'Tuto' Quiroga.
El juicio se origina en la denuncia presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, tras los disturbios de 2019 que culminaron en la renuncia de Evo Morales.
La Paz/AEP-Digital
