Para el Gobierno, la protección a la víctima es parte central y estructural en estos casos.
La Paz, 30 de julio de 2023 (AEP-Digital).- Desde el Gobierno se hará los “esfuerzos necesarios para que se sepa la verdad” de lo ocurrido en el exclusivo Colegio Alemán de Santa Cruz y aquellos que piensan “tener el poder o el dinero suficiente para comprar conciencias, si lo creen y están buscando ese camino, van a fracasar”, advirtió el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Nadie está por encima de la ley, nadie puede tener el poder o el dinero suficiente para comprar conciencias, si lo creen y están buscando ese camino, van a fracasar. Este es un Gobierno comprometido con las víctimas, es un Gobierno que va a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se sepa la verdad en todos los casos”, advirtió en Bolivia TV.
La denuncia pública del caso de violación en el exclusivo Colegio Alemán se acerca a los dos meses sin avances fiscales en la investigación, por lo menos no lo hicieron público. El principal acusado, ya mayor de edad, se encuentra fuera de Bolivia y su tío aseguró en medios de comunicación que su sobrino de retornará.
Teniendo en cuenta que el principal acusado ya es mayor de edad, Lima informó que debe ser procesado como cualquier otra persona, mientras que el resto de los implicados, por ser aún menores de edad, deben seguir bajo resguardo en la pesquisa.
La familia de la víctima denunció inacción fiscal y acudió al Ministerio de Justicia para reclamar la falta de justicia. El estatal Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (Sepdavi) se sumó al caso, como abogado patrocinante de la víctima.
Lima afirmó que la visión de que el poder y el dinero pueden comprar impunidad “son señales de indolencia, de impunidad estructural, de decir a mí no me interesa lo que pasa con la víctima ni el proceso”.
Para el Gobierno, la protección a la víctima es parte central y estructural en estos casos.
Lima recordó que es obligación en unidades educativas la instalación de cámaras de vigilancia y que sus imágenes se guarden al menos 12 meses, como parte de protocolos de seguridad de los niños y jóvenes.
