Muriel fue atacada cuando, justamente, trataba de ingresar al Legislativo departamental para participar de la sesión en la que se iba a posesionar a dos nuevos asambleístas indígenas.
La Paz, 9 de junio de 2023 (AEP-Dgital).- La violenta agresión en Santa Cruz a la asambleísta departamental Muriel Cruz no solo provocó la dura crítica del presidente Luis Arce, sino de varios ministros de Estado que, además, responsabilizaron del hecho a los seguidores y diputados de Creemos, unionistas y cívicos.
Desde el frente de la Casa Grande del Pueblo, en el Legislativo, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) también se sumó a las voces de repudio contra este hecho que tiene como víctima a quien en 2020 ya sufrió un ataque de grupos violentos, quienes en Montero le incendiaron su casa.
Uno de los ministros que se pronunció fue el de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, quien señaló como uno de los responsables al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, ya que convocó a la sesión a sabiendas de la vigilia que sus partidarios instalaron en inmediación del edificio de la Gobernación.
Muriel fue atacada cuando, justamente, trataba de ingresar al Legislativo departamental para participar de la sesión en la que se iba a posesionar a dos nuevos asambleístas indígenas - Ronald Andrés Caraica e Isabel Ortiz Vaca-, lo que amenaza con afectar el control de Creemos, alianza del encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho, del ente deliberativo.
La diputada del MAS Deysi Choque fue más precisa e identificó al diputado de Creemos Oscar Michel, hombre cercano a Camacho, en el violento hecho.
“Michel siempre está cuando nos agreden”, denunció en una conferencia de prensa y aseguró que en la vigilia de los grupos de violentos estaba gente del Comité Pro Santa Cruz.
Mientras que la diputada Amalia Antonio identificó a gente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo calificado de paraestatal por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la crisis de 2019 que derivó en golpe de Estado.
“Así tratan de amedrentar a la población, no es solo la asambleísta Cruz, son cinco asambleístas agredidas”, denunció la diputada.
De acuerdo con reportes de los medios de comunicación, Cruz fue atacada por varias personas al intentar ingresar al edifico de la Gobernación, entre ellos hombres. La derribaron, ya en el suelo la patearon y golpearon en la cara y cabeza. Además, imágenes de televisión muestras cómo le roban el celular.
Cruz resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro de salud.
Para Montaño, actuó un grupo “paramilitar” porque era “gente entrenada, encapuchada y vestida de negro”.
No solo eso, también defiende la hipótesis de que se trata de un hecho parte de un plan para generar, otra vez, convulsión en Santa Cruz, desestabilizar al gobierno y consolidar un nuevo golpe de Estado, como ocurrió en 2019.
“Están buscando generar convulsión, obviamente, es la antesala los dos bloqueos que han mencionado en Santa Rosa del Sara”, alertó.
Mientras la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, llamó a respetar las disidencias y demandó se investigue y sancione a los responsables.
“Estamos en un Estado de derecho, en un Estado democrático donde el respeto es lo más importante. El hecho de pensar distinto, de poder coexistir en el mismo espacio, tiene que respetarse”, insistió
Poco después de lo ocurrido, Arce condenó la violencia y demandó “identificar y sancionar a los responsables de este cobarde ataque”.
La denuncia por la agresión fue formalizada en el Ministerio Público. Choque anunció que la bancada del MAS se adherirá a la querella.
La ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, también fijó su posición y demandó una investigación rápida.
“Nuestras hermanas han sido agredidas, a una la han dejado hospitalizada. Nos solidarizamos con nuestra hermana asambleísta y a la justicia le exigimos que sancione a estas personas”, insistió.
Anunció que su despacho también se apersonará al Ministerio Público para sumarse a la demanda
De inicio, el Ministerio Público inició una investigación de oficio en contra de 15 activistas por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación deliciosa, lesiones graves y leves y amenazas.
Estas personas fueron aprehendidas y trasladadas a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y en las próximas horas serán puestas ante un juez cautelar.