El Ministerio Público solicitó la detención preventiva y alerta migratoria de Morales, de 65 años, por el presunto delito de trata de personas en su calificativo agravado, debido a que los hechos habrían ocurrido durante su gestión presidencial (2006-2019).
La fuerza pública no pudo ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente (2006-2019) Evo Morales mientras este se encontraba en el trópico de Cochabamba.
De acuerdo con el el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, la imposibilidad de cumplir con la medida judicial responde a información que sugiere la organización de grupos destinados a brindar seguridad al exmandatario, con el fin de impedir su captura.
La orden de aprehensión fue emitida en el marco de una imputación formal por el delito de trata de personas agravado, ocurrido presuntamente en 2015, durante el tercer mandato de Morales como presidente de Bolivia.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó que el exmandatario fue imputado junto a los padres de la presunta víctima, identificados como Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
De acuerdo con la Fiscalía, Morales habría tenido una hija con una adolescente de 15 años, situación que constituye un presunto acuerdo con los padres de la menor.
Gutiérrez señaló que la imputación fue presentada formalmente y que se está a la espera de que un juez cautelar fije la audiencia de medidas cautelares.
La orden de aprehensión fue emitida el pasado 16 de octubre, pero recién fue revelada ayer lunes,16 de diciembre.
La fiscal explicó que la complejidad del caso y la condición de Morales como exjefe de Estado dificultaron su pronta difusión.
Por otro lado, fuentes policiales destacaron que desde los conflictos sociales relacionados con el bloqueo nacional de caminos, llevado a cabo por sectores afines a Morales, los efectivos han enfrentado agresiones e intentos de homicidio durante intervenciones en zonas de alta tensión.
El Ministerio Público solicitó la detención preventiva y alerta migratoria de Morales, de 65 años, por el presunto delito de trata de personas en su calificativo agravado, debido a que los hechos habrían ocurrido durante su gestión presidencial (2006-2019).
LEGISLADORES
Por otro lado, legisladores de oficialismo y oposición destacaron que la emisión de la orden judicial responde a una acción de justicia y no constituye una persecución política.
"No debería haber ningún tipo de privilegio ni impunidad", afirmó la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC).
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Sandro Ramírez, agregó que “la justicia está haciendo su trabajo, no es una persecución política”.
Luciana Campero, diputada por Tarija de Comunidad Ciudadana, informó sobre el avance de la investigación y detalló que existen pruebas documentales que vincularían a Morales en la compra de pasajes de la menor.
PASAJES
Según Campero, se demostró que los boletos de viaje de Tarija a Cochabamba y de Tarija a Santa Cruz fueron emitidos a nombre del expresidente o de un familiar suyo. Además, indicó que Morales no se presentó a declarar pese a las notificaciones mediante edictos y a la garantía de seguridad con el despliegue de más de 500 policías en Tarija.
La diputada Campero añadió que el delito no solo tiene alcance nacional, sino también internacional, ya que habría ocurrido también en Argentina, donde la investigación estaría avanzando.
Desde los conflictos sociales relacionados con el bloqueo nacional de caminos, llevado a cabo por sectores afines a Morales, fuentes policiales señalaron que efectivos han enfrentado agresiones e intentos de homicidio durante intervenciones en zonas de alta tensión.
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