La Dirección de Régimen Penitenciario indicó que 4.500 personas permanecen en penales por más de tres años, es decir, más allá de los plazos procesales.
Tras la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los plazos de la detención preventiva de Jeanine Añez, Fernando Camacho y Marco Pumari, los privados de libertad protestaron por un trato desigual de la justicia en varios recintos penitenciarios del país.
El reclamo de la población penitenciaria reside en que, mientras el TSJ emite una resolución específica para el caso de tres internos (Pumari, Camacho y Añez), al menos 18.500 privados de libertad permanecen en las cárceles del país con detención preventiva, de una población de 32.000 personas. Es decir que seis de cada diez reos están sin sentencia.
La protesta se produjo en los recintos penitenciarios de San Pedro en La Paz, Palmasola en Santa Cruz, Villa Busch en Pando y el penal de Riberalta, aunque se produjeron pronunciamientos en casi todas las cárceles del país.
El delegado penitenciario del penal de Palmasola leyó un pronunciamiento de los internos donde se declaran en estado de emergencia pacífica nacional por la desigualdad en el trato judicial hacia las personas detenidas preventivamente en Bolivia, solicitando que los beneficios otorgados a algunos internos sean extendidos a toda la población penitenciaria.
“Más del 63% a nivel nacional son detenidos preventivamente. Pedimos que se cumpla la igualdad ante la ley, tal como lo establece la Constitución Política del Estado”, señaló.
El delegado explicó que la medida busca que la revisión extraordinaria de procesos judiciales, que próximamente podría beneficiar a Camacho, Pumari y Añez sea extensible a todos los privados de libertad, especialmente a aquellos que llevan más de tres, cuatro o cinco años sin sentencia ejecutoriada.
“Creemos que somos iguales ante la ley y, aunque estemos privados de libertad, también tenemos derechos. Solicitamos al sistema judicial que se garantice el mismo trato para todos los compañeros en Bolivia”, enfatizó.
Ante estas masivas protestas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió ayer el Instructivo N° 19/2025, que ordena la realización de jornadas nacionales para verificar los plazos de detención preventiva en todas las cárceles de Bolivia.
El instructivo, firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, establece que los presidentes de los tribunales departamentales deben ejecutar la verificación en un plazo de 24 horas desde la notificación, como parte de un esfuerzo coordinado para revisar la legalidad y vigencia de las medidas cautelares impuestas a personas privadas de libertad.
Las jornadas deberán coordinarse con el Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario y otras instituciones públicas o privadas que se consideren necesarias.
Además, el representante del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó sobre el inicio de fiscalización y auditorías a juzgados, para asegurar el debido proceso de los privados de libertad y garantizar que no exceden los plazos de detención preventiva.
Emergencia penitenciaria
El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, catalogó la actual situación en los recintos penitenciarios como una “emergencia penitenciaria”, pues la situación de hacinamiento y retrasos judiciales afectan a 18.500 internos con detención preventiva en Bolivia. Por ello, solicitó que se garantice la igualdad jurídica y se revise la situación de quienes cumplen largos periodos sin sentencia ejecutoriada.
Según Limpias, cerca de 11.000 internos cumplieron más de un año en detención preventiva; 7.000 superan los dos años y 4.500 llevan más de tres años, es decir, ya superaron los plazos procesales.
La autoridad indicó que registraron algunos casos que se prolongan hasta ocho o nueve años. “Eso representa una aberración de la justicia respecto a los derechos establecidos por la normativa nacional e internacional”, afirmó.
Rodríguez Veltzé pide dejar de lado intereses político-partidarios e iniciativas individuales
El expresidente y titular de la denominada Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, llamó a que la crisis penitenciaria derivada del uso excesivo de la detención preventiva sea abordada como una política de Estado, dejando de lado intereses político-partidarios o iniciativas personalizadas.
“Las soluciones a esta particular crisis del sistema judicial deben ser asumidas como una política de Estado, no de Gobierno, ni de iniciativas personalizadas y menos político partidarias. Deben contar con consensos que respondan a las demandas ciudadanas por un servicio judicial más eficaz e imparcial”, escribió en la red social X.
El exmandatario señaló que las medidas deben ser universales y adoptadas por los órganos competentes, con el objetivo de garantizar un trato igualitario y respetar los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad.
AEP
