Desde el 15 de diciembre de 2022 se está recepcionando solicitudes de pago; aproximadamente 700 trámites están en curso, de los cuales 600 casos ya fueron remitidos al Ministerio de la Presidencia.
La Paz, 22 de agosto de 2023 (AEP-Digital).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, brindó un informe completo del acuerdo nacional suscrito entre esta cartera de Estado y las víctimas de las dictaduras del periodo 1964 a 1982, a un año de vigencia.
El Gobierno, en el marco de la promoción, protección y respeto de los derechos humanos, y consciente de las graves vulneraciones perpetradas durante los gobiernos militares de facto del periodo 1964 a 1982, realizó diversas gestiones y acciones para atender las demandas de las víctimas de las dictaduras.
Para ello, se tomó en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, la Comisión de la Verdad y el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre las que se encuentra el acuerdo nacional suscrito el 21 de agosto de 2022, con representantes de la Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano Sobrevivientes de las Dictaduras; el Movimiento de Mujeres Libertad; y la Unión Nacional de Ex Presos y Exiliados Políticos de Bolivia (Unexpeb).
Entre los compromisos asumidos por esta cartera de Estado, se tiene el de coadyuvar al cumplimiento de la ley que efectiviza el pago del 80% del monto total del resarcimiento excepcional a víctimas de violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales.
En respuesta a ese primer compromiso, desde el 15 de diciembre de 2022 se está recepcionando solicitudes de pago; al momento, aproximadamente 700 trámites están en curso, de los cuales 600 casos ya fueron remitidos al Ministerio de la Presidencia.
El Ministerio también se comprometió a presentar un proyecto de ley con el objetivo de establecer un procedimiento excepcional de revisión extraordinaria del proceso de calificación, que sea realizado en el marco de la Ley 2640, de 11 de marzo de 2004.
El citado proyecto fue aprobado en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), en el Consejo de Política Económica y Social (Conapes) y en gabinete ministerial. Es así que el pasado 15 de agosto se instaló la Sesión de Tratamiento del Proyecto de Ley, ante el Pleno de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, habiéndose convocado al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para defender técnicamente la citada norma.
Luego de la exposición del viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, y de haberse instalado el debate legislativo en torno al proyecto, el mismo fue aprobado. Por ello, corresponde su derivación al Pleno Camaral para su tratamiento y posteriormente a la Cámara de Senadores.
En cuanto al compromiso de presentar la Política Pública de Reparación Integral a Víctimas de Graves Violaciones a sus Derechos Humanos, la misma fue aprobada por Resolución Ministerial MJTI-DGAJ-RM-Z-36-203, de 3 de marzo de este año. Previamente, la presentación del texto oficial fue realizada en un acto público el 9 de diciembre de 2022 en conmemoración al Día de los Derechos Humanos. Dicho texto fue trabajado y validado por las diferentes organizaciones de víctimas del periodo 1964-1982, así como del periodo 2019-2020, durante esa gestión.
Actualmente se estructura el plan de acción y para ese fin, el 12 de junio se llevó adelante la reunión con las víctimas con el objetivo de recoger sus requerimientos. En ese sentido, el 24 de julio se convocó a reunión de las MAE de las distintas carteras de Estado competentes, con la finalidad de proyectar acciones concretas ante los requerimientos de las víctimas.
En relación a la demanda de asignar un ambiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, adecuado para que las víctimas de las dictaduras asentadas en las carpas ubicadas en El Prado de La Paz, puedan celebrar sus reuniones de manera digna, el compromiso que fue honrado el mismo día de la suscripción del acuerdo nacional.
Finalmente, se solicitó gestionar el uso de un espacio público conmemorativo de la lucha por la recuperación de la democracia, el mismo que debe ser ubicado en el espacio donde se encontraban asentadas las carpas.
Para ese fin se impulsó la Ordenanza Municipal 053/2022 de 30 de septiembre de 2022, mediante la cual se instruye al Órgano Ejecutivo Municipal de La Paz que realice las gestiones necesarias para que se instale dicho monumento.
A la fecha, se iniciaron las gestiones para la implementación de la citada ordenanza, habiéndose celebrado reuniones con personal municipal para la asignación del espacio físico; al efecto se señaló fecha de acto de imposición de la piedra fundamental para el 10 de octubre del año en curso. Asimismo, el Viceministerio comenzó con las gestiones de financiamiento para el inicio de la obra, a fin de levantar el monumento en homenaje a las víctimas de la dictadura militar.
