El gobierno del presidente Luis Arce se encargó de reparar los daños a las víctimas de las dictaduras y se hizo cargo de las promesas incumplidas del exmandatario Carlos Mesa y de la expresidenta de facto Jeanine Añez.
La Paz, 17 de julio de 2023 (AEP).- Cada 17 de julio se recuerda el Día Nacional de la Memoria, en reconocimiento a las víctimas de las dictaduras acaecidas entre 1964 y 1982, quienes por años exigieron la reparación de los daños; a ellos se suman los afectados de la masacre del 24 de mayo en Sucre, y de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó que el gobierno del presidente Luis Arce se encargó de reparar los daños a las víctimas de las dictaduras y se hizo cargo de las promesas incumplidas del exmandatario Carlos Mesa y de la expresidenta de facto Jeanine Añez.
Durante el periodo de 1964 a 1982, en Bolivia —así como en otros países de la región—se produjeron varios levantamientos en defensa de los derechos humanos, la democracia, la igualdad y la libertad, frente a los atropellos de los gobiernos dictatoriales.
En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Resolución 3/2019 de Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, en la que recomienda a los Estados adoptar acciones para preservar la memoria histórica de las rupturas del orden constitucional y democrático, con el fin de evitar que estas se repitan.
De forma paralela, recomienda acompañar estas acciones con procesos de justicia para la búsqueda de la verdad y el resarcimiento de daños a las víctimas.
Engaño a las víctimas de las dictaduras
La Ley 2640, promulgada por el expresidente Carlos Mesa, fue un engaño para las víctimas de las dictaduras porque no se cumplió con el desembolso para la reparación, ni siquiera del 20% que comprometía la norma para el resarcimiento de las familias.
La ley estableció en su artículo 16 que “los recursos para el resarcimiento a las víctimas provendrán” del Tesoro General de la Nación (TGN) que asignará “una partida especial como aporte del 20% con un monto de 3.6 millones de dólares americanos, con un desembolso anual de 1.2 millones de dólares con cargo a las gestiones presupuestarias: 2005, 2006 y 2007”.
De manera adicional, delegó al Gobierno de entonces tramitar “aportes porcentuales anualmente, por donaciones del sector privado o extranjero y de organismos internacionales, hasta cubrir el 80% del total del resarcimiento calificado por el Conrevip”.
Campesinos arrodillados en la plaza principal de Sucre, el 24 de mayo de 2008; ese día se violaron sus derechos.
“Es una ley engañosa porque te dice ‘les vamos a pagar la indemnización en su 20% del 100%, el 20% va a salir de la plata de recursos del Tesoro General de la Nación y el 80% vamos a tener que buscar donaciones, contribuciones de particulares y países amigos’. Ningún país ni nadie te va a donar tanta plata. Entonces, era engañosa, pero salió la ley; con bombos y platillos pagaron el 20% a los que cobraron y ahí se quedó todo”, explicó.
El viceministro resaltó que en 2022 el Jefe de Estado firmó un acuerdo histórico con las víctimas de las dictaduras en Bolivia, en el que uno de los cinco puntos era el pago del 80% restante del resarcimiento.
El Gobierno destinó Bs 99 millones para la cancelación pendiente, por lo que modificó la ley promulgada por Carlos Mesa y en febrero de 2023 comenzó a depositar el dinero a las cuentas de las víctimas.
Según datos del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, hasta el momento ya se pagó a 500 personas y están en proceso de revisión 100 carpetas para que se proceda con la cancelación.
“No es lo único que hemos comprometido como Estado, pero esto es importante porque es como cerrar una etapa importante de la historia del país en cuanto a derechos humanos”, resaltó la autoridad.
Víctimas del 24 de mayo
Lamentablemente, en 2008 se repitió en Bolivia la vulneración de los derechos humanos, ya que el 24 de mayo grupos violentos arremetieron contra al menos 70 campesinos, golpeándolos y humillándolos en plena plaza principal de Sucre.
Siles indicó que las víctimas de ese día presentaron una demanda ante la CIDH, ya que durante el gobierno de facto de Añez aprovecharon para cerrar el caso. De ahí que la actual administración se acercó a ellos y ahora trata de generar políticas en su beneficio.
“Hay una decisión de prescripción y se dictó en el gobierno de Añez; se aprovecharon del golpe para hacer prescribir el delito y liberaron de culpa a todos los responsables”, lamentó la autoridad.
Subrayó que se hacen todos los esfuerzos para presentar un amparo constitucional y volver a abrir el caso, a fin de que las víctimas tengan la justicia que exigen; además de llegar a un acuerdo para pagarles la indemnización económica que solicitaron.
Sacaba y Senkata
Efectivos militares reprimieron a la población en Senkata, hiriendo y matando a varios civiles que protestaban de manera pacífica.
En noviembre de 2019, cuando la gente salió a las calles en rechazo de la posesión ilegal de Jeanine Añez como mandataria, la población fue arremetida por militares. Como resultado, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 terminaron heridos en Sacaba, Cochabamba. También en cercanías de Senkata, en El Alto de La Paz, otros 11 civiles perdieron la vida y 78 fueron heridos.
Siles informó que para ellos tienen planificado elaborar una política de reparación integral, en el marco de la que se van generando medidas específicas que vayan en su beneficio.
“Lo primero que ha hecho el Presidente cuando ha asumido la presidencia es cumplir (con los acuerdos), porque Añez alegremente ha sacado dos decretos, pero no tenía presupuesto y nunca pagó un peso, quien terminó de pagar es el gobierno del presidente Luis Arce”, aclaró.
Indicó que no estaban de acuerdo con esos decretos que emitió la exmandataria, porque no representan una reparación integral para las víctimas de Sacaba y Senkata.
El Ejecutivo pagó todas las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos y a los heridos, y cumplió otras obligaciones que indicaban los decretos.
Siles señaló que junto a las víctimas se trabaja en una política integral de reparación, por lo que hasta el momento sostuvieron reuniones y se instalaron mesas de trabajo, bajo los parámetros de memoria, verdad y justicia.
“Ellos quieren sentencia contra Jeanine Añez en el caso Sacaba y Senkata; quieren sentencia contra los exministros, contra los militares que los reprimieron, los asesinaron; cometieron genocidio y también causaron heridas y secuelas que nunca van a poder olvidar”, deploró la autoridad.
En noviembre de 2019, las protestas violentas alentadas por el entonces cívico Luis Fernando Camacho, el motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia acabaron por acorralar y obligar a Evo Morales a dimitir, lo que dio paso a la toma del poder por parte de Añez, respaldada por cívicos y opositores.
Organismos internacionales visitaron Bolivia e investigaron los hechos que sucedieron en el país en noviembre de 2019.
Luis Fernando López fue uno de los 11 ministros que firmó, junto a Añez, el Decreto Supremo 4078, del 15 de noviembre de 2019, que eximía de responsabilidad penal a personal militar y policial por sus actuaciones en operativos de “restablecimiento del orden”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investigó los hechos de la crisis de 2019 y determinó que en ese entonces un operativo conjunto entre militares y policías masacró a manifestantes desarmados y realizó ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas.
