Durante cuatro horas intentaron demostrar que la obligación de transcribir los registros a un formato digital es imposible de cumplir.
La Paz, 14 de abril de 2023 (AEP).- La Sala Constitucional Primera de La Paz rechazó ayer el recurso de los juristas denominados independientes, que buscaba evitar la transcripción de 1,5 millones de firmas a un sistema digital, para pedir un referéndum que persigue una reforma judicial en Bolivia.
El requisito, que era de conocimiento de este grupo encabezado por el exalcalde de La Paz Juan Del Granado, trató de ser obviado por los organizadores de la iniciativa ciudadana, por ser considerado de difícil cumplimiento.
La acción de amparo constitucional que fue presentada por Audalia Zurita, Del Granado, Javier Antonio Viscarra y Kathia del Rosario Saucedo contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) —Óscar Hassenteufel, Nancy Gutiérrez, Tahuichi Tahuichi Quispe, Dina Chuquimia, Yajaira San Martín, Nelly Arista y Francisco Vargas— terminó dándole la razón al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los juristas independientes intentaron durante cuatro horas demostrar que la obligación de trasladar las firmas a un formato digital es imposible de cumplir, técnica y económicamente.
Hace algunos días, los juristas explicaron que invirtieron $us 16 mil en la compra de los libros de registro y que les cotizaron Bs 3 por cada partida transcrita a formato digital, por lo que el costo final ascendía a Bs 4,5 millones, un monto imposible de pagar para los organizadores.
Voluntariado
En caso de hacerlo de forma voluntaria, el trabajo deberían hacerlo unos 200 a 300 voluntarios con un presupuesto de más de Bs 1 millón.
El 4 de abril, en un comunicado, el TSE ratificó que la cuestionada transcripción de las firmas se encuentra establecida en un reglamento y ayer la Sala Constitucional Primera les dio la razón.
Los juristas buscan recolectar un millón y medio de firmas hasta el 23 de abril para la reforma judicial mediante un referéndum.
Al iniciar el proceso de recolección de firmas, el grupo aceptó el plazo de 90 días y la presentación en formato digital de las listas de adherentes.
