Sánchez de Lozada fue identificado como el principal autor de los hechos de violencia de octubre de 2003, que dejaron más de 70 muertos en El Alto.
La CIDH declaró “inadmisible” la denuncia interpuesta por la exministra Mirtha Quevedo, en el último gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en contra del Estado boliviano por persecución política y violación de las garantías judiciales.
La Procuraduría General del Estado informó de la decisión asumida por el organismo internacional sobre el caso planteado por la exministra Quevedo, quien abandonó Bolivia luego de los hechos de violencia y muerte de octubre de 2003, donde las fuerzas militares mataron a más de 70 personas y dejaron cientos de heridos de bala.
“La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) declaró inadmisible la petición de Mirtha Quevedo (...) La CIDH determinó que el Estado boliviano no vulneró los derechos humanos de Quevedo”, informó la Procuraduría.
La exministra se encuentra entre las autoridades que firmaron el Decreto Supremo 27.209, que dio paso a las acciones militares que terminaron en la masacre de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto o en lo que se llegó a denominar Guerra del Gas.
En la denuncia alegó persecución política y violación de las garantías judiciales ante la CIDH, “instancia internacional que concluyó que su salida del país (a Perú) impidió el agotamiento de la jurisdicción interna, y que su ausencia provocó la suspensión del juicio penal en su contra”.
Además, “respecto al juicio coactivo fiscal, la CIDH tampoco identificó violaciones a las garantías o derechos previstos en la Convención Americana, recordando que Mirtha Quevedo Acalinovic gozó del derecho de impugnar las decisiones y ejercer ampliamente su defensa”.
Sánchez de Lozada fue identificado como el principal autor de los hechos de violencia de octubre de 2003, que dejaron más de 70 muertos en El Alto, además de más de un centenar de heridos.
La crisis social lo obligó a renunciar a la presidencia del Estado y refugiarse en Estados Unidos, donde, sin embargo, familiares de las víctimas de octubre lograron ganar un juicio civil y una indemnización.
La Paz/AEP
