De acuerdo a un informe de la DEA, que la revista Semana de Colombia conoció en primicia en 2022 y que ahora cobra mayor relevancia, se advierte que Maximiliano Dávila, en su condición de jefe antidroga de Bolivia, “utilizó su cargo oficial y conexiones para obtener acceso a aeródromos bolivianos con el fin de facilitar los cargamentos de cocaína en grandes cantidades”.
El capo transnacional del narcotráfico, de nacionalidad boliviana y ex mayor de policía, Omar Rojas Echeverría, fue detenido en Colombia en abril de 2021 y su prontuario lo ubica como uno de los más importantes traficantes del país y la región.
Este capo, en alianza con una red que tenía enlaces en Perú, Venezuela, Brasil, México y Estados Unidos, enviaba fuera de la región cientos de toneladas de cocaína y armas.
Información de la DEA, que en enero de 2002 publicó Semana de Colombia, señala que Rojas Echeverría, en 2019, durante la administración de Evo Morales, “tenía estrechas relaciones en los más altos niveles del Gobierno de su país”.
La historia de Rojas Echeverría tiene de fondo una relación directa con Colombia, donde fue capturado, y cuenta con socios en el negocio del narcotráfico. Se trata de una triangulación y coordinación de vuelos desde Bolivia a Colombia y de ahí a Centroamérica cargados con droga cuyo destino final era Estados Unidos.
Nadie se explica cómo él, quien era un mayor de la Policía, se convirtió en uno de los más grandes traficantes de cocaína en la región. Se le señala del envío de por lo menos 100 toneladas y miles de armas a Estados Unidos.
La respuesta puede estar en las investigaciones de la DEA, en las que ha quedado documentado que Rojas Echeverría tenía contactos con el máximo jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico durante el gobierno de Morales, Maximiliano Dávila.
Ambos detenidos, el primero en Colombia y el segundo en Bolivia, tienen solicitud formal de extradición del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo a un informe de la DEA, que Semana conoció en primicia en 2022 y que ahora cobra mayor relevancia, se advierte que Maximiliano Dávila, en su condición de jefe antidroga de Bolivia, “utilizó su cargo oficial y conexiones para obtener acceso a aeródromos bolivianos con el fin de facilitar los cargamentos de cocaína en grandes cantidades”.
Su papel fue fundamental para “organizar la protección por parte de las fuerzas del orden de esos cargamentos de drogas”, asegura Semana con respaldo de informes de la DEA.
“Para identificar a los implicados en esta organización, fue clave la declaración de un informante que había trabajado en la agencia antidrogas y tenía una relación de vieja data con Rojas Echeverría”, señala el medio.
En medio de las acciones ilegales que adelantó la organización, tuvo varias comunicaciones telefónicas, vía mensajería instantánea y reuniones personales, en las cuales quedaron registrados los planes para traficar cocaína.
“A lo largo de las reuniones y conversaciones telefónicas (…), los acusados describieron sus extensas experiencias de narcotráfico y sus conexiones con los más altos niveles del Gobierno boliviano”, señala el documento.
Fue en plena pandemia cuando Rojas Echeverría se asoció con otro narco boliviano de vieja data, Jorge Roca Suárez, ‘Techo de Paja’, un hombre que tuvo negocios con el cartel de Medellín en la década de los noventa.
En esa época, Colombia aún no tenía tantas hectáreas cultivadas con hoja de coca, así que Techo de Paja era el encargado de proveer los insumos para la producción de la pasta en los laboratorios de Pablo Escobar.
Utilizando su conocimiento y contactos, el exoficial era el encargado de coordinar el movimiento de aeronaves de alta gama que salían desde pistas clandestinas en el departamento de Beni, en el norte de Bolivia, hacia Centroamérica con destino final a Estados Unidos.
ARMAS
Pero los negocios ilegales de Omar Rojas Echeverría no paraban ahí. Los acuerdos no solo se sellaban con el pago de millones de dólares por los cargamentos de cocaína.
Sus contactos en la región, como lo demuestran los documentos recopilados en la Operación Andes –en la que además cayeron Roberto Moisés Banzer, Jheyson Montaño Fernández, Rómulo Ramírez Rodríguez y César Omar Cuéllar Pérez– también le permitieron efectuar transacciones por armamento.
Parte de ese arsenal se usaba como pago de los cargamentos, y era enviado a Estados Unidos y algunos de sus socios en los países de la región, como Perú, Bolivia y Colombia.
Semana hacía un apunte en 2022: “En Bolivia son más las dudas que las certezas que rodean el retiro de Echeverría de la Policía de su país, en 2004, tras 15 años en la institución. Pero hay un tema que no ha pasado inadvertido: su hermano, Alexander Rojas, fue el inspector general de la Policía boliviana, el tercer cargo en jerarquía de esta institución”.
TECHO DE PAJA
En este entramado de tráfico de armas y droga hay otro socio y protagonista: Jorge Roca Suárez.
En 1990 fue capturado y condenado a 35 años de prisión en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, lavado de activos, fraude bancario, evasión de impuestos y extorsión. Esto, por las actividades que había adelantado en la organización liderada por su tío Roberto Suárez, más conocido como “el rey de la cocaína”.
Tras cumplir 25 años de condena, en 2018, regresó deportado a su país para seguir cumpliendo otra sentencia a 15 años de prisión. No obstante, recibió el beneficio de detención domiciliaria en su pueblo natal, Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni. Antecedido por su fama fue proclamado candidato a la alcaldía, pero le dio esa postulación a su hija, quien resultó electa.
Después de pocos días de estar privado de la libertad, pidió el traslado a un centro médico para una cita de rutina. En el hospital se fugó, pero, pese a lo que ordena la ley, las autoridades no lo buscaron bajo el argumento de que por su edad no representaba mayor peligrosidad.
Quienes no lo perdieron de vista fueron los agentes de la DEA, pues lo encontraron después de que conformara, al lado de Rojas Echeverría, una nueva organización para el tráfico de cocaína.
EXTRADICIÓN
Formalmente, la Cancillería boliviana solicitó al Tribunal Supremo de Justicia atender el pedido de Estados Unidos de extradición de Maximiliano Dávila, detenido en el penal de San Pedro de La Paz.
Dávila fue aprehendido el 22 de enero de 2022, cuando intentaba escapar por la frontera de Villazón a Argentina.
Tras el pedido de la justicia estadounidense, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que hay algunos políticos que deben preocuparse debido a que la información estadounidense de este caso “sorprendería al país”.
“Hay materia que se ha presentado en el distrito sur de Estados Unidos que seguramente le sorprendería al país, el conocerla en detalle, esta información en esta primera etapa es reservada, pero en el momento en que llegue al Tribunal Supremo de Justicia, oficialmente, y se abra la causa, como toda causa penal, tendrá principio de publicidad y será tribunal supremo el que defina qué información le da acceso a la opinión pública boliviana”, señaló Lima a la televisora privada Dtv.
El abogado Manolo Rojas, defensa del excomandante Maximiliano Dávila, calificó de irregular el pedido de extradición a Estados Unidos de su defendido y ante este hecho anunció que presentará un amparo constitucional.
AEP/Mac
