El Ministro de Gobierno pidió no politizar el caso y dijo que las fotografías son de reuniones con diversos sectores en el marco de los procesos de saneamiento.
La Policía Boliviana, al recibir la denuncia de un caso de avasallamiento armado en la hacienda Santa Rita, en la provincia Guarayos, del departamento de Santa Cruz, inmediatamente se dirigió al lugar y retomó el control total de la propiedad, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
“(Ayer) en horas de la madrugada, el contingente policial llegó a los predios de Santa Rita, porque además de reforzar la zona, también se iniciaron las actividades de investigación, protección y de patrullaje en la zona”, indicó la autoridad.
Un grupo de al menos 80 avasalladores intentaron tomar la hacienda con armas, el pasado jueves, y mantuvieron retenidos a más de 20 trabajadores, dentro de los cuales se encontraba una persona con herida de bala.
El propietario del predio, Felipe Barberi, habría denunciado que él y su equipo fueron sorprendidos por un grupo de personas armadas, quienes los retuvieron.
Ríos indicó que ya se iniciaron las investigaciones para poder identificar a estas personas que intentaron avasallar el lugar. “No solo nos referimos a los actores intelectuales, sino también a los materiales”, aseveró.
Además, al llegar al lugar, los efectivos policiales auxiliaron a la persona que se encontraba herida e inmediatamente la trasladaron a un centro médico para ser atendido.
“Se identificó a una persona que fue remitida inmediatamente a un centro de salud, quien presentaba un orificio de proyectil de arma de fuego, de entrada y no de salida, por lo cual inmediatamente se la trasladó a un centro de salud”, informó la autoridad.
Al llegar al lugar, la Policía procedió con la destrucción de puentes artesanales que estas personas habían construido.
Uso político
El ministro rechazó las acusaciones que vinculan políticamente al Gobierno con el grupo de personas que avasalló la hacienda e indicó que son intentos de politizar el caso y buscan distorsionar los esfuerzos de diálogo con los diferentes sectores sociales.
“Deploramos que se trate de utilizar este hecho lamentable de forma política, malintencionada y tendenciosa. No se puede criminalizar ni estigmatizar a las organizaciones sociales ni a autoridades políticas sin fundamentos”, expresó la autoridad.
Las afirmaciones de Ríos surgieron luego de que Melissa Barba, esposa del propietario de Santa Rita, denunciara públicamente que algunos de los presuntos avasalladores aparecen en fotografías junto al exministro de Gobierno y actual candidato por el MAS, Eduardo Del Castillo.
Ante esta situación, Ríos aclaró que el Gobierno sostuvo reuniones con distintos sectores en el marco de los procesos de saneamiento de tierras encabezados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y que dichas instancias fueron de carácter técnico y concertador.
Además, Melisa denunció que presuntamente, Esteban Alavi estaría involucrado en el avasallamiento, por lo que el comandante general de la Policía, Augusto Russo, dijo que todos los involucrados en el avasallamiento al predio Santa Rita serán puestos a conocimiento del Ministerio Público.
“Si está involucrado (Alavi), vamos a remitir al Ministerio Público los informes para que todas las personas sean investigadas sin excepción”, dijo.
Placas
Sobre el supuesto uso de una vagoneta oficial en los avasallamientos, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que en 2020 estas placas fueron denunciadas como robadas.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores procedió a dar la baja, considerando que estas placas estaban asignadas a una misión internacional en el país, lo cual no tiene ninguna relación con el Gobierno nacional”, puntualizó la autoridad.
Sin resolución de saneamiento
La directora jurídica del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Elvira Achu, aclaró que el predio denominado Santa Rita no cuenta con una resolución de saneamiento ejecutoriada y que la situación legal del lugar continúa en análisis.
Además, al estar dentro de la reserva forestal, el caso estaría impugnado ante el Tribunal Agroambiental Plurinacional.
“Actualmente, esa resolución ha sido notificada y está impugnada en el Tribunal Agroambiental. Eso conocemos en la página del tribunal”, precisó Achu.
El terreno fue objeto de seguimiento desde hace varios años, conforme a la Ley 1715 y sus normas reglamentarias, y en 2017 se emitió una resolución final de cumplimiento, aunque esta aún no fue ejecutoriada.
AEP
