El Ministro de Gobierno informó que Zúñiga accedió inicialmente a colaborar con la investigación.
El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, detenido tras el fallido intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, continúa generando controversia por sus declaraciones contradictorias ante la justicia y los medios de comunicación.
En un inicio, Zúñiga aseguró que el presidente Luis Arce le había solicitado ejecutar un “autogolpe” con el objetivo de aumentar su popularidad.
No obstante, en su declaración ampliada ante las autoridades judiciales, el excomandante cambió su versión e implicó a su entonces jefe de Inteligencia, el coronel Leonel Elio Sanjinés, como la persona que le instruyó mantener ese discurso.
“Sanjinés entró a hablar algo a mi vestidor. Le dije: ‘¿Ahora qué vamos a decir? ¿Cuál va a ser el discurso?’ Me respondió: ‘General, me indican que hay que mantener el discurso de lo que ya las noticias están difundiendo’. Miro la televisión y veo que (Virginio) Lema está hablando para inculpar al Gobierno. Él (Sanjinés) estaba en contacto con los que estaban dirigiendo”, relató Zúñiga en su testimonio, asegurando que en ese momento se encontraba emocionalmente quebrado.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que Zúñiga accedió inicialmente a colaborar con la investigación, revelando detalles sobre los hechos y los actores involucrados en el intento de derrocar al Gobierno constitucional.
“Se ha evidenciado que quien le transmite la narrativa del ‘autogolpe’ al general Zúñiga fue su entonces jefe de Inteligencia, Elio Sanjinés. Según el cuaderno de investigaciones, Sanjinés habría recibido instrucciones de Fernando Hamdan, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia boliviana”, declaró Del Castillo.
DECLARACIONES
Pese a estar detenido, Zúñiga brindó declaraciones desde la cárcel al medio argentino Data Urgente, reiterando que el presidente Arce le ordenó movilizar los blindados.
Estas afirmaciones, sin embargo, fueron desestimadas por el Gobierno por carecer de sustento legal y por contradecir las evidencias recabadas.
“Existe un organigrama claro, una red criminal que articuló el intento de golpe, y que incluso tenía preparada una coartada en caso de fracasar. Esa teoría del autogolpe ya estaba diseñada como plan B”, enfatizó Del Castillo.
Además, en una entrevista policial, el propio Zúñiga admitió que el golpe no se consumó por motivos logísticos, lo que refuerza la tesis de que sí existía una planificación golpista.
Las versiones contradictorias del excomandante han generado dudas sobre la veracidad de sus relatos y, según el ministro Del Castillo, obedecen a una estrategia de distracción, ya que Zúñiga sabe que existen elementos de convicción suficientes para sustentar una acusación formal en su contra.
La investigación está en su fase final y se prevé que el proceso avance hacia un juicio oral.
El Gobierno busca una pena de 25 años de prisión para el exjefe militar, con base en pruebas testificales, documentales y periciales.
GOLPE FALLIDO
El intento de golpe se concretó la tarde del 26 de junio de 2024, cuando Zúñiga encabezó el ingreso de tanquetas y militares encapuchados a la plaza Murillo, epicentro del poder político boliviano, en una operación que puso en vilo a la población y al orden democrático.
Los efectivos militares rompieron con violencia las puertas de la Casa Grande del Pueblo y se posicionaron frente a Palacio Quemado, provocando tensión y caos.
La reacción del presidente Arce, quien salió a enfrentar personalmente a Zúñiga en la plaza Murillo acompañado de su gabinete, fue clave para desactivar el intento de ruptura del orden constitucional.
Pocas horas después, el general fue aprehendido y trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mientras se desplegaban operativos para identificar a los demás implicados.
Antecedentes del caso
El 24 de junio de 2024, dos días antes de la asonada militar, Zúñiga fue cesado del cargo de comandante del Ejército en medio de tensiones internas por sus declaraciones políticas contra el expresidente Evo Morales.
Pese a su destitución, permaneció en funciones hasta el 26 de junio, cuando ejecutó la acción militar junto a un grupo de oficiales sublevados.
El intento de golpe fue condenado de forma inmediata por organismos internacionales, gobiernos de la región, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU, que expresaron su respaldo al gobierno democrático de Arce.
La Unión Europea también alertó sobre los riesgos de desestabilización política en Bolivia y pidió que se respete el Estado de derecho.
Desde entonces, las autoridades bolivianas avanzaron con decenas de citaciones, allanamientos y detenciones en el marco de la ley, en busca de los autores materiales e intelectuales del hecho.
Entre los investigados también figuran civiles vinculados a sectores políticos opositores, cuya participación es aún objeto de indagación.
AEP
