La orden de aprensión contra el dirigente cocalero, aunque quedó sin efecto, llegó de manera tardía, pero no extemporánea, señaló la activista.
La activista María Galindo, del colectivo Mujeres Creando, señaló que el expresidente Evo Morales cometió estupro de manera continua durante su mandato de 14 años, y que las víctimas de estos delitos necesitan protección debido a los riesgos que enfrentan.
De acuerdo con la activista, la orden de aprehensión contra Morales por estupro, trata y tráfico de personas, aunque finalmente quedó sin efecto, fue un avance importante para visibilizar el delito y abrir un debate necesario en el país.
“La orden de aprehensión es tardía, pero no extemporánea, y es muy importante porque puede abrir el debate sobre el estupro, un delito que ocurre con frecuencia en Bolivia y que muchas veces no es tratado como tal por las autoridades debido a la cultura patriarcal y machista de la sociedad”, declaró a la televisora privada DTV.
Galindo señaló que, en el caso del exgobernante, el delito no solo fue ignorado, sino que en algunos casos se consideró como un "derecho" del exmandatario.
“Varios exministros y colaboradores de Morales, como su vicepresidente Álvaro García Linera y su ministro Carlos Romero, tenían conocimiento de estos hechos”, puntualizó.
La directora del colectivo Mujeres Creando criticó que algunos sectores del Movimiento al Socialismo alineados con el dirigente cocalero, intenten presentar el caso como una persecución política.
“Reiteró que el estupro es un delito de orden público y que, en este contexto, las acusaciones no deben interpretarse como parte de una campaña política, sino como una medida para proteger los derechos de las víctimas”, recomendó.
Además, la activista destacó la necesidad de proteger a las mujeres bolivianas del abuso de poder y exigió justicia para las víctimas de estupro.
“No hay ninguna justificación, ni socialismo ni indigenismo, para permitir el abuso sistemático contra las mujeres”, afirmó, tras solicitar que el debate sobre este tema se centre en la protección de los derechos de las menores y no en la política.
AEP Digital/Mac