Se trata de Yassir Steven Molina Lozada, Mario Antonio Bascopé Revuelta, Favio Alejandro Bascopé Revuelta, Milena Soto López, Jaime Maldonado y Luis Antonio Terán Cadima.
El Juzgado de Sentencia Penal N° 12 de Cochabamba inició la audiencia de lectura de sentencia contra seis de los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), acusados por la violencia que desencadenaron en noviembre de 2019.
Se trata de Yassir Steven Molina Lozada, Mario Antonio Bascopé Revuelta, Favio Alejandro Bascopé Revuelta, Milena Soto López, Jaime Maldonado y Luis Antonio Terán Cadima.
“Justamente, como Ministerio de Gobierno, como parte accionante, estamos viniendo a ser partícipes de lo que es la sentencia de este caso, ya que esperamos que justamente se dé justicia coherente con todos los hechos que han sucedido y justicia con todas aquellas víctimas”, dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Los miembros de este grupo son acusados por la comisión de ocho delitos: organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y porte o portación ilícita de armas, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza, e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.
Según los antecedentes, los integrantes de la RJC circulaban en motocicletas y agredían a cualquier persona de origen indígena o vinculada al MAS en Cochabamba.
Este grupo tenía lugares estratégicos para reunirse y organizarse, como la plaza de Cala Cala, plaza 4 de Noviembre, el lavadero de autos de propiedad de la familia Bascopé, ubicado en la avenida Melchor Pérez esquina Demetrio Canelas, donde guardaban bazucas artesanales, escudos, explosivos y otros objetos contundentes utilizados para sembrar el miedo en las jornadas de octubre y noviembre de 2019.
Este sería el segundo proceso contra los integrantes de la temida RJC; Yassir, Mario y Favio tienen en su contra una sentencia de seis años de cárcel en Sucre, por los destrozos y violencia que generaron en 2020 en predios de la Fiscalía General del Estado (FGE).
LA Paz/ABI
