Para el Ministerio de Gobierno, no es suficiente la cantidad de años establecida por la autoridad jurisdiccional.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó ayer que se apelará el dictamen que el Juzgado de Sentencia 12 del Tribunal Departamental de Cochabamba dictó para los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por la violencia que generaron durante la crisis de 2019.
“Como Ministerio de Gobierno, apelaremos esta decisión judicial porque consideramos que las penas no condicen con la gravedad de los hechos perpetrados por los acusados, ya que merecen mayor pena”, dijo el titular de Gobierno.
Ayer, los cabecillas de la organización parapolicial RJC fueron sentenciados a prisión: Yassir Molina Lozada (8 años), Mario Bascopé (Tonchi) y Fabio Bascopé (6 años y 6 meses), Jaime Maldonado y Milena Soto (2 años de privación de libertad).
FISCALÍA
Por su parte, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, detalló que en la audiencia de juicio oral se demostró con pruebas contundentes que los líderes del grupo parapolicial son autores de los delitos de organización criminal, con relación a los delitos de vejaciones y torturas, además de tenencia, porte y portación ilícita, por la violencia que ejercieron en contra de la población durante la crisis de 2019.
El Ministerio Público presentó al menos 105 pruebas documentales y 127 pruebas testificales, además de pericias que demuestran de “manera irrefutable la participación de cada uno de los sindicados”.
“En ese marco, la autoridad de jurisdicción dictó la condena. (Además) existe otro involucrado identificado como Luis A. T. C., que se encuentra rebelde y continúa siendo buscado para que responda por sus actos durante la crisis social de 2019”, indicó Tejerina.
Los sentenciados deberán cumplir con su condena en el penal de San Sebastián, mujeres y varones, respectivamente.
ANTECEDENTES
Durante la crisis social de octubre y noviembre de 2019, los integrantes de la RJC circulaban en motocicletas con bazucas artesanales, explosivos, palos envueltos con alambre de púas, entre otros objetos contundentes con los que agredían físicamente a cualquier persona de origen indígena o vinculada al MAS que circulaba por las calles de la ciudad de Cochabamba o que pretendía realizar protestas pacíficas.
Esta es la segunda sentencia obtenida en contra de los líderes de la RJC, Molina y los hermanos Bascopé, quienes en abril de 2023 fueron condenados a seis años de prisión por los delitos de tenencia porte o portación ilícita, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado, cometidos en octubre de 2020 cuando, de manera violenta, asediaron la Fiscalía General del Estado.
