La acusación se sustenta en la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, ligado al uso del vehículo 2024 valorado en $us 90 mil.
El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, anunció ayer la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de Judith T. N. Y., de 21 años, propietaria del vehículo utilizado por Evo Morales en la denominada “marcha de la muerte”.
Según el ministro, la madre de la joven, Alicia Yapura Choque, tiene antecedentes por tráfico de sustancias controladas.
Delito
La denuncia se sustenta en la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, relacionado con el uso del vehículo, un Toyota Ford Runner 2024 con placa de control 6284-ETK, valorado en aproximadamente 90 mil dólares.
“Este vehículo no solo fue usado durante la marcha de la muerte, también lo hemos visto previamente llegando al Tribunal Supremo Electoral”, detalló Del Castillo.
El ministro destacó que la madre de la propietaria, Alicia Yapura, fue sentenciada en 2015 por tráfico de sustancias controladas. Según las investigaciones, Alicia Yapura forma parte de una de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, específicamente del Sindicato Chulo Grande, de la central 12 de agosto, perteneciente a la Federación Única Centrales Unidas (FUCU). Este grupo ha estado involucrado en amenazas hacia funcionarios gubernamentales, como la ministra de la Presidencia, Marianela Prada.
Del Castillo también reveló que, en 2015, luego de ser condenada, Alicia Yapura fue beneficiada por el proyecto de Ley N°4461 de Amnistía e Indulto presentado por Evo Morales, lo que le permitió salir de prisión en menos de dos meses.
Involucrados
El Ministerio Público citará a declarar a las personas involucradas para aclarar el origen de los fondos utilizados para la compra del vehículo. “De acuerdo con el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, todos los funcionarios públicos están obligados a denunciar delitos de acción pública conocidos en el ejercicio de sus funciones”, concluyó el ministro.
“En atención al Código del Procedimiento Penal del artículo 286, en uso de nuestras atribuciones y en las obligaciones que establece, estamos presentando esta denuncia ante el Ministerio Público, quien citará a declarar a todas las personas para que puedan demostrar cual es el origen para obtener $us 90 mil y comprarse una vagoneta”, declaró Del Castillo.
Dijo además que el Código de Procedimiento Penal en el artículo 286 establece que los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones tendrán la obligación de denunciar los delitos de acción pública.
La Paz/AEP
