Esta orden alberga a la mayoría de pederastas y violadores que fueron denunciados en su momento por víctimas y colegas religiosos.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, planteó ayer revisar, vía ministerios de Relaciones Exteriores y Educación, el “estatus” de la católica Compañía de Jesús en Bolivia.
“Como Estado, la reacción debe ser ya no tardía. Debemos inmediatamente, a través del Ministerio Educación, que es el órgano rector de las relaciones de educación, y a través de la Cancillería, que regula las relaciones de Estado a Estado, verificar la situación y estatus de la Compañía de Jesús en Bolivia”, dijo la autoridad a la estatal Bolivia TV.
Esa orden, al amparo de la cúpula de la Iglesia Católica, permitió por al menos tres décadas las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes del campo y la ciudad en establecimientos educativos bajo su control. Uno de ellos fue el Juan XXIII, de Cochabamba.
Los agresores sexuales, todos sacerdotes, suman una quincena, de acuerdo con investigaciones periodísticas que surgen desde diferentes puntos del país y España desde que el 30 de abril El País, de Madrid, publicara el diario personal del jesuita violador Alfonso Pedrajas, quien falleció en 2009, cuyas atrocidades en Bolivia recorren el mundo.
Chávez solicitó formalmente, vía consular, antecedentes del caso a la justicia española.
Pedrajas dejó constancia por escrito de los abusos sexuales que cometió contra decenas de niños en Bolivia en un diario que publicó el influyente diario español.
El texto de Pedrajas, apodado ‘Pica’, no describe los abusos en detalle, pero el diario español lo hace con entrevistas a víctimas y allegados en Bolivia.
Otros medios nacionales lograron también conmovedores testimonios de víctimas de curas pederastas y violadores —mujeres y varones de 40 a 50 años— y descubrieron que uno de esos religiosos guardaba en fotografías y videos un registro de las agresiones.
A la Compañía de Jesús pertenecían, de acuerdo con medios nacionales, la mayoría de pederastas y violadores que fueron denunciados en su momento por víctimas y colegas religiosos.
“Cómo es posible que ellos, por procedimientos internos de la Iglesia prefirieran archivar algunos casos de pederastia, cuando eran delitos contra inocentes e indefensos niños”, cuestionó el procurador.
De acuerdo con la autoridad, la Procuraduría envió cartas oficiales al Ministerio de Educación para coordinar con esa oficina estatal la protección de los niños en centros educativos administrados por la Iglesia Católica.
“Porque no puede ser que continúen como entes aislados de un control estatal que debe ser pleno y transversal, como en cualquier colegio privado, y que se dejen esas prerrogativas y faltas de control absolutas”, precisó.
