El encubrimiento podría ser sancionado con hasta ocho años de privación de libertad, de acuerdo con la gravedad del delito.
La Paz, 16 de mayo de 2023 (AEP).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó ayer que el proyecto de Ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes prevé además de la imprescriptibilidad de esos casos, agravar la pena por el delito de encubrimiento.
La norma, diseñada en el Ministerio de Justicia, pasó ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y buscará sentencias que podrían llegar a los ocho años de privación de libertad, de acuerdo con la gravedad del delito encubierto.
“Este tipo de delitos, como la violación a niños, ya no van a ser prescriptibles; todos estos temas que tienen que ver con la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes cuentan con legislación internacional (…). La regla en el mundo y la recomendación internacional es que estos crímenes no queden nunca en la impunidad”, manifestó el titular de Justicia.
A escala internacional se reconoce la imprescriptibilidad para determinados delitos relacionados a situaciones aberrantes como delitos de lesa humanidad, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Magaly Gómez, indicó que se espera la remisión a la comisión que preside, aunque adelantó que será un placer aportar en cualquier instancia para enriquecer la norma que protegerá a la niñez del país.
“Es importante tratar temas sensibles, como es la protección a los niños, niñas y adolescentes, que son la máxima prioridad para nuestro presidente Luis Arce, es una política del Estado”, explicó la diputada.
Es necesario, para Gómez, combatir cualquier delito contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, pero específicamente en la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
La diputada felicitó la iniciativa del Ejecutivo y aseguró que sumará esfuerzos para que no queden en la impunidad los delitos sexuales, descalificando la protección de instancias religiosas, educativas u otras.
“Estos últimos hechos acontecidos han conmovido a la Comisión de Derechos Humanos, que inmediatamente hizo un pronunciamiento público y manifestó la voluntad de acompañamiento en la fiscalización, ya que rechaza de forma contundente la violencia que se ejerce sobre todo en ámbitos de delitos sexuales y pederastia contra tantos niños, niñas y adolescentes de nuestro país”.
Por su parte, el senador Félix Ajpi señaló que el proyecto de ley debe ser analizado tomando en cuenta normas internacionales y luego recordó que hace tiempo se planteó que este tipo de delitos tenga carácter imprescriptible, pero que se fundamentaron temas de derechos humanos y otros que no permitieron avanzar.
De la misma forma, el representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, refirió que es importante que se empiece a discutir el hecho de que no prescriban los delitos relacionados a vejámenes sexuales contra niños y adolescentes.
“Es algo importante que se debe realizar, pero hay que contextualizar, es un proyecto todavía. Hay que generar políticas públicas de protección a niños, adolescentes y a la mujer también, porque si no hacemos eso, no trabajamos en la parte educativa, en la parte de prevención, aunque exista una ley de lo más dura, no vamos a poder avanzar en erradicar el tipo de violencia que se da en contra de niños, adolescentes y mujeres”, sostuvo.
Mientras tanto, los exalumnos del colegio Juan XXIII de Cochabamba emitieron un pronunciamiento señalando que acudirán a instancias internacionales para denunciar los casos de pederastia por parte de sacerdotes de la Compañía de Jesús, con el fin de que se pueda brindar justicia.
“Recurriremos a las vías llamadas por ley a nivel nacional e internacional, en el marco de los convenios suscritos por Bolivia, cumplidas las formalidades para el caso”, indica un documento difundido por los exalumnos.
El Ministro de Justicia manifestó que en el proyecto normativo se hace mención al derecho a conocer la verdad de los hechos, para lo cual la norma conformará una Comisión de la Verdad.
“El derecho de esclarecimiento va a ser imprescriptible e inalienable, y se está estableciendo que ese derecho a la verdad tiene reglas para aplicar en la vía penal y por la vía de la Comisión de la Verdad para el establecimiento del daño causado y la reparación a la víctima”, dijo Lima.
Entretanto, la Compañía de Jesús en Bolivia —a través de un breve comunicado— expresó su apoyo a la iniciativa del Gobierno sobre la conformación de una Comisión de la Verdad para esclarecer todos los casos de pederastia en el país.
El domingo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, planteó la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables, a fin de que el caso no quede únicamente en indagación.
