Chávez reveló que las cifras de fallecidos por coronavirus entre marzo y noviembre de 2020 fueron mayores a las que se reportaron.
Cadáveres en domicilios, calles, avenidas, plazas públicas, vehículos y afuera de los centros de salud. Cientos de entierros en cementerios clandestinos en todas las ciudades del país. Esa fue la situación que Bolivia vivió en la primera ola de Covid-19, durante el régimen de Jeanine Añez.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reveló que las estadísticas de fallecidos por coronavirus entre marzo y noviembre de 2020 fueron mayores a las que reportó oficialmente la “dictadura” de Añez.
“Las estadísticas que tenemos de personas fallecidas por Covid-19 son mayores a las que ha manejado la dictadura para tratar de mimetizar y minimizar la muerte de bolivianos, en gran medida por falta de respiradores o de ventiladores que nunca se han usado, que no han servido y que han sido un negociado asqueroso, ocasionando la muerte de miles de personas”, afirmó.
Chávez sospecha que la compra de respiradores inservibles y con sobreprecio —para los pacientes con Covid, que fallecieron por falta de esos equipos— obligó al régimen a rebajar la cifra real de fallecidos.
The New York Times
En 2020, el influyente The New York Times —rotativo estadounidense de alcance y prestigio global— denunciaba: “El gobierno de transición de Jeanine Añez —que culpó a Evo Morales por su mal manejo del sistema de salud en sus 14 años en el poder— enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”.
En la administración de facto de Añez el sistema de salud fue desbordado en la amplia geografía nacional durante los meses más difíciles de la pandemia de Covid-19.
Conseguir una cama en un centro de salud o acceder a una unidad de terapia intensiva fue casi imposible en algunas regiones de Bolivia, abatida social y políticamente tras la crisis que obligó en noviembre de 2019 al entonces presidente Evo Morales a dimitir al cargo.
20 mil muertos
El aumento de muertes —entre junio, julio, agosto y septiembre de 2020— colapsó los hospitales bolivianos y obligó a las autoridades municipales a ampliar sus crematorios y abrir nuevos cementerios.
La Policía recogió cadáveres en domicilios, calles, avenidas, plazas públicas, vehículos y alrededores de los centros de salud.
En la mayoría de los casos, las personas perecieron luego de peregrinar por varios hospitales ya que no conseguían uno para internarse.
En un balance de abril a septiembre, la fuerza pública —encargada de atender fallecimientos extrahospitalarios— informó que entre el 85% y 90% de los “cuerpos recogidos eran con probabilidad sospechosos del nuevo coronavirus”.
Cerca de 9.000 muertos oficiales contabilizó el gobierno de Añez. Sin embargo, la cifra, con los subregistros —que agregaba los casos extrahospitalarios—, rondaba los 20 mil.
Esa cantidad exorbitante fue señalada puntualmente por organizaciones no gubernamentales y funcionarios del Registro Civil a medios de prensa de La Paz y Cochabamba en septiembre de 2020.
Uno de los casos polémicos sucedió en junio de 2020, cuando un canal de televisión transmitió imágenes en vivo de la agonía y muerte de un paciente supuestamente con Covid-19, mientras los médicos intentaban salvarlo entre lamentos de dolor de uno de sus familiares.
