Añez autorizó la compra de los 500 equipos, 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27 mil cada uno, cuando el costo real era de $us 7.194.
A tres años del escándalo de la compra de respiradores durante la pandemia del Covid-19 en el régimen de Jeanine Añez, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, demandó agilizar las investigaciones hasta alcanzar una sentencia.
“Por falta de respiradores han muerto muchas personas, por este negociado asqueroso han muerto miles de bolivianos, tiene que haber sentencias y hay que apurar la investigación en estos casos”, dijo Chávez durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2023 de la Procuraduría General del Estado, que se cumplió en El Alto.
El miércoles 20 de mayo de 2020 ocurrieron dos incidentes: en medio del escándalo por la compra de respiradores con sobreprecio y miles de fallecidos por falta de esas máquinas, el ministro de Salud de Añez, Marcelo Navajas, era destituido y luego capturado por la fuerza pública.
Navajas, médico propietario de una famosa clínica paceña con una mayoría de asegurados de la Embajada de Estados Unidos, ejerció el cargo menos de dos meses.
Los respiradores para las unidades de cuidados intensivos llegaron al país apenas unos días antes, en un vuelo procedente de España, y estaban siendo distribuidos en hospitales del país hasta que se conoció que su precio era exorbitante.
500 equipos
Añez autorizó la compra de 500 equipos, 170 llegaron al país y fueron adquiridos por casi $us 27 mil cada uno.
Los ventiladores producidos por la empresa catalana GPA Innova tenían un precio de fábrica de $us 7.194, pero la administración de facto pagó a uno o varios intermediarios vinculados al propio Gobierno —en un evidente conflicto de intereses— más de $us 4,7 millones por las 170 máquinas.
Ese monto total evidenció que cada una de las máquinas le costó al Estado $us 27 mil.
El régimen de Jeanine Añez decidió proceder con esa compra directamente en España a través de su cónsul en Barcelona, David Pareja.
Los medios de prensa establecieron que la mandataria y el joven diplomático, sin ninguna experiencia para el cargo, tenían un vínculo de parentesco.
En ese entonces, la compra de los respiradores se mostró como un gran logro del Gobierno. Añez lo anunció en un acto público; fue la primera adquisición de material médico durante la pandemia del Covid-19.
Rechazo
Los especialistas se quejaron públicamente y explicaron al país que los aparatos no eran para terapia intensiva, sino de asistencia en emergencias, por lo que resultaban inadecuados para la atención de los pacientes con coronavirus.
El modelo que adquirió Bolivia era básico, así que la empresa y los intermediarios ofrecieron cambiar las 170 unidades ya entregadas por un modelo apto para terapia intensiva, sin costo para el país.
En enero de 2022, una comisión de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción investigó el caso Respiradores y presentó la acusación formal contra ocho personas implicadas.
Fueron ocho acusados
La acusación formal fue presentada contra el exministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas; el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billewicz; el exdirector ejecutivo de la AISEM, Giovanni Pacheco Fiorilo; la exencargada de Equipamiento de la AISEM, Ana Fernanda Espinoza Morejón; la exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos.
Además está el excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS), Fernando José Arias Alzerreca, y Luis Fernando Humérez Ortiz, quien habría sido el contacto entre los personeros de la empresa española y el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud.
