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Se trabaja para que los delitos sexuales contra niños no prescriban. (Foto: RRSS)

Se plantearán controles para sacerdotes que arriben al país como educadores

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseveró que el respeto a los derechos de los niños es una labor de toda la sociedad.

La Paz, 15 de mayo de 2023 (AEP).- La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el Gobierno establecerá controles para asegurar que aquellos sacerdotes que lleguen al país para educar a niños no tengan denuncias de ningún tipo de violencia sexual.

“Reitero que no nos vamos a convertir en un basurero de violadores, no lo vamos a permitir. Es nuestra responsabilidad establecer los controles correspondientes para aquellos sacerdotes que son enviados como educadores de nuestros niños y que quienes tengan denuncias en sus países no puede ser que sean enviados a Bolivia. No es solo por soberanía, sino que tenemos que hacer prevalecer los derechos de nuestros niños”, detalló luego de una entrevista en Bolivia TV.

Estas posibles medidas son parte de las acciones que el Gobierno nacional está priorizando luego de que se destaparan los abusos que el sacerdote español Alfonso Pedrajas perpetró en Bolivia.

Una de las principales medidas es el proyecto de Ley de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niños, Niñas y Adolescentes. Prada detalló que esta propuesta de norma plantea principalmente que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad no prescriban.

“Deben pasar años para que quienes de niños sufrieran abusos se animen a contar lo que ha sucedido. Por eso hemos presentado este proyecto de ley, que implica la imprescriptibilidad de estos delitos, así como una modificación al Código Penal y la obligatoriedad por parte de todas las instancias estatales de respetar y hacer prevalecer los derechos de los niños y niñas”, detalló.

En la entrevista previa, la ministra recalcó que las violaciones cometidas por Pedrajas no fueron “errores”, sino “hechos aberrantes” y reprochó que fueran socapados por la Iglesia Católica, con el pretexto de “proteger la institucionalidad religiosa”.

Luego de que se hiciera conocida la noticia de que este religioso jesuita hubiera atacado a más de 80 niños, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dio a conocer que ha se registraron más de 200 nuevas víctimas en casos similares en el país.


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