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Una planta de Soboce. | Foto: Soboce

Sin competencia se declara Tribunal Arbitral ante demanda de Soboce

El consorcio demandó al Estado una indemnización de $us 269,4 millones por la nacionalización de sus acciones en Fancesa, en 2016.

La Paz, 29 de noviembre de 2023 (AEP). – La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) se declaró “sin jurisdicción” para resolver la demanda por $us 269,4 millones de Soboce contra el Estado de Bolivia por la nacionalización de sus acciones en Fancesa, en 2016.

A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó la determinación y consideró una “segunda victoria internacional en defensa del Estado”.

“La Procuraduría General del Estado (PGE) confirmó hoy que la demanda arbitral presentada por SOBOCE, Consorcio Cementero del Sur S.A., Yura Inversiones Bolivia S.A. y Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A. por $us 269.4 millones fue resuelta a favor de Bolivia, después de que el Tribunal Arbitral se declaró sin competencia”, señala parte del comunicado.

En 2016, por el Decreto Supremo 0616 del 1 de septiembre de 2016, se dispuso la recuperación del 33,34% de las acciones que fueron transferidas a Soboce en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Soboce, el Consorcio Cementero del Sur Yura Inversiones Bolivia S.A. y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia S.A. activaron la cláusula arbitral del convenio entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones.

Segunda victoria

La Procuraduría General del Estado señaló que de esta manera se registra una nueva victoria jurídica internacional para el Estado boliviano después de que los primeros días de noviembre, a través de un laudo arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en París, Francia, se estableció que el Estado boliviano no tenía ninguna responsabilidad ni vulneró ninguna norma internacional en el caso CPA 2018-39 correspondiente a una demanda de la Compañía Minera Orlandini, que alegaba una supuesta expropiación ilegal de sus concesiones mineras.


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