Una audiencia cautelar definió medidas contra los implicados en la tragedia ocurrida en la unidad educativa Misael Saracho, donde una joven de 18 años murió y otra permanece en terapia intensiva tras una avalancha humana.
La Justicia de Oruro determinó este martes otorgar libertad al vocalista de la agrupación de cumbia Sangre Cumbiera, investigado por la muerte de una joven de 18 años durante una avalancha humana registrada en el festival realizado el pasado domingo en el colegio Misael Saracho.
El artista, identificado como Percy R., deberá cumplir medidas sustitutivas: presentarse cada 15 días a la Fiscalía de Oruro para el registro biométrico, mantener arraigo nacional y cancelar una fianza de Bs 5.000.
En el mismo caso, la directora de la unidad educativa donde se realizó el evento deberá cumplir detención domiciliaria con derecho al trabajo, además de acatar las mismas obligaciones de arraigo y presentación periódica.
La Fiscalía imputó a ambos por los delitos de homicidio culposo y lesiones, tras la muerte de la estudiante y por la situación crítica de otra adolescente que permanece en terapia intensiva.
El fiscal de materia Alex Vargas informó que también fueron convocadas más de diez personas a declarar, entre ellas funcionarios municipales, dirigentes de padres de familia y docentes, debido a presuntas irregularidades en la autorización del evento. Según la Dirección Distrital de Educación, el festival no contaba con el aval oficial; sin embargo, un permiso otorgado por la Alcaldía de Oruro habría facilitado su realización.
Familiares y allegados al músico acudieron a la audiencia para expresar su respaldo y defender su inocencia, alegando que no tuvo responsabilidad directa en el fatal desenlace.
Según la denuncia inicial, uno de los integrantes del grupo se habría lanzado hacia el público, lo que provocó un efecto dominó y desató la estampida en la que fueron aplastadas las dos adolescentes.
La investigación continúa mientras la familia de la víctima exige justicia y las autoridades educativas y municipales enfrentan cuestionamientos por la falta de control en la organización del evento.
AEP