En este suceso se investigan los hechos que derivaron en la renuncia forzada del expresidente Morales, un motín policial y la sugerencia militar de dimisión.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz decidió suspender, hasta el jueves 17 de octubre, la audiencia de inicio del juicio por el caso denominado Golpe de Estado I, en contra de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y otras exautoridades
“Tenemos una reprogramación de audiencia para el jueves a las 08.30. Esperemos que los ahora acusados puedan estar presentes”, informó el abogado de la exdiputada Lidia Patty, Jorge Nina.
Detalló que también se ordenó que la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) custodie los alrededores del tribunal para evitar que las autoridades jurisdiccionales sean presionadas por grupos ligados a las víctimas o a los acusados.
En el caso golpe de Estado I se investigan los hechos que derivaron en la renuncia forzada del expresidente Evo Morales en 2019. Protestas violentas de cívicos de Camacho y Pumari, a las que se sumaron un motín policial y la sugerencia militar de dimisión, derivaron en la ruptura del orden constitucional.
La audiencia presencial estaba prevista para las 09.00 de ayer; sin embargo, los sindicados no fueron trasladados hasta las instalaciones del juzgado en La Paz; por lo que fue reprogramada.
Comité impulsor
Aldo Michel, representante del Comité Impulsor del Juicio por el Golpe de Estado I, expresó su preocupación por lo que considera una denegación y obstaculización del proceso judicial.
El abogado señaló que el Ministerio Público, Régimen Penitenciario y la Policía tienen la responsabilidad de asegurar la presencia de los principales acusados: Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
Destacó además la necesidad de que el juez a cargo del caso dé continuidad al proceso sin más demoras.
El representante del Comité Impulsor lamentó la espera de más de tres años por parte de las víctimas y organizaciones para que se haga justicia en relación con los hechos ocurridos después del golpe de Estado de 2019.
La Paz/AEP