Ante esta situación, Del Castillo explicó que Camacho tiene más procesos en su contra, por lo que la audiencia debería ser virtual, no presencial.
De acuerdo con la Fiscalía, en noviembre de 2019, se “consolidó” una estructura de “poder organizado, orientado a ejercer una represión violenta, a sabiendas que generaría la muerte de personas y lesiones en otras”.
El Gobierno cumple sus compromisos, valora y honra la lucha del pueblo alteño por la democracia y la defensa de los recursos naturales.
Arce explicó que la infraestructura demandará una inversión de Bs 20,5 millones.
Pobladores que acompañaron el operativo señalaron que los individuos responsables de abrir el camino ilegal, no pertenecen a la comunidad.
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