En el municipio de Mapiri, ubicado en la provincia de Larecaja, al norte del departamento de La Paz.
La Paz, 16 de diciembre de 2023 (AEP-Digital).- La Defensoría del Pueblo, mediante la Coordinación Regional de Yungas, intervino en el caso de una adolescente, que resultó embarazada, producto de la violación por parte de su progenitor, en el municipio de Mapiri, y conminó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) para que garantice los derechos de la víctima, quien solicitó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La adolescente tiene 15 años y de acuerdo a la denuncia sufrió agresiones sexuales por parte de su padre, por lo cual resultó embarazada. Cuando el delito del cual fue víctima se hizo público y de conocimiento de las autoridades, la niña solicitó que la gestación, que ya cursaba cinco meses, sea interrumpida, derecho que fue cumplido esta mañana, en el Hospital Municipal de Caranavi.
La Coordinadora Regional de Yungas, Silvia Chambi, señaló que este es el primer caso de su tipo que la DNA de Mapiri atendió, y que no estaba aplicando a cabalidad el procedimiento correspondiente, que incluye la realización de una valoración psicológica y orientación integral para la víctima.
“Es el primer caso que tiene Mapiri en cuanto a la ILE. Se conminó a la DNA de Mapiri para que acompañe a la menor porque si no está presente la DNA, el hospital no va a dar alta a la menor”, señaló Chambi.
La representante defensorial señaló que la víctima cuenta con el soporte psicológico, de salud, jurídico e integral requerido, además que cuenta con el apoyo de la población de Mapiri, que se consternó por lo sucedido, ya que su hermana de 11 años también sufrió abuso sexual por parte del padre, quien le habría hecho toques impúdicos.
El agresor fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, que determinaron enviarlo por seis meses al centro penitenciario de San Pedro. El traslado desde el municipio de Mapiri aún no se había concretado hasta el cierre de esta edición.
La Coordinadora Regional de Yungas reiteró que la Defensoría del Pueblo intervendrá y realizará el seguimiento correspondiente a este caso, para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas en situación de gestación, producto de agresiones sexuales.
El Código Penal, en su artículo 266, establece que se puede llegar adelante una ILE, cuando éste sea consecuencia de una violación, de estupro o de incesto. También procede para evitar peligro o riesgo a la vida o la salud de la mujer embarazada.
Sin embargo, este derecho era posible mediante la autorización de un juez, aunque el 5 de febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0206/2014 que anula el requisito de la autorización judicial y establece que no hay un plazo de tiempo para llevar adelante la ILE.
