El especialista advirtió además, que la aplicación de la Ley 243 enfrenta limitaciones institucionales. El OEP tiene la facultad de recibir las renuncias de mujeres para verificar que sean voluntarias, pero su análisis se limita a un enfoque jurídico.
A más de una década de la promulgación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres en Bolivia (Ley N°243, 2012), los casos de hostigamiento, amenazas y presiones contra autoridades electas siguen siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en Bolivia, advirtió este jueves el abogado y experto en derecho político, Alfredo Guzmán.
“La nueva Constitución generó un cambio estructural que abrió las puertas para que las mujeres ejerzan su ciudadanía en condiciones de paridad y alternancia, pero los avances normativos no siempre se traducen en prácticas reales”, explicó Guzmán.
Recordó que, desde los inicios de la historia republicana, los movimientos de mujeres protagonizaron una lucha constante por el reconocimiento de su ciudadanía y su derecho a participar en los espacios de poder y con la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, el país dio un paso decisivo al consagrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los niveles de decisión política.
En esa línea, dijo que el Estado boliviano adoptó un conjunto de normas que fortalecieron la participación política de las mujeres. Entre ellas, la Ley del Régimen Electoral (Ley N° 026 de 2010), que introdujo el principio de equivalencia entre géneros en la democracia intercultural y la Ley N° 243 de 2012, que tipifica el acoso y la violencia política como delitos y otorga al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la paridad y la alternancia.
Sin embargo, Guzmán aseguró que los hechos de persecución, hostigamiento y amenazas en contra de las mujeres, ya sea en su condición de candidatas o cuando ya son autoridades electas continúan.
“El acoso político no ha desaparecido, solo ha adoptado nuevas formas. Aún, hay autoridades que enfrentan presiones para renunciar o limitar su mandato, lo que vulnera directamente la voluntad popular”, señaló.
Recordó como casos emblemáticos los asesinatos de las concejalas Juana Quispe y Daguimar Rivera, que marcaron el punto de quiebre que motivó la creación de una ley específica para sancionar estos actos. No obstante, las cifras demuestran que el problema persiste.
De acuerdo con datos del Observatorio de Paridad Democrática del OEP, entre las gestiones 2016 y 2019 se registraron 124 denuncias por acoso y violencia política, el 94% de ellas contra concejalas municipales. Además, ante el OEP se reportaron 35 renuncias de autoridades electas relacionadas con estos hechos.
“La violencia política no es exclusiva del ámbito municipal, también se manifiesta en los niveles departamentales y nacionales. Más de la mitad de las asambleístas departamentales y siete de cada diez asambleístas plurinacionales, han sufrido algún tipo de acoso o violencia política”, subrayó Guzmán, citando estudios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Coordinadora de la Mujer.
El especialista advirtió además, que la aplicación de la Ley 243 enfrenta limitaciones institucionales. El OEP tiene la facultad de recibir las renuncias de mujeres para verificar que sean voluntarias, pero su análisis se limita a un enfoque jurídico.
“Es fundamental conformar equipos interdisciplinarios con psicólogos y trabajadores sociales para identificar adecuadamente los casos de violencia política. Hoy esa mirada integral no existe”, observó.
Guzmán, dijo que otra debilidad está en el seguimiento de los casos remitidos al Ministerio Público.
“La tramitación de denuncias ante el OEP en función a la normativa, está orientada a la remisión de antecedentes al Ministerio Público, para un posterior seguimiento, apoyo y asesoramiento legal a las víctimas y denunciantes, pero el acceso restringido a los cuadernos de investigación impide cumplir esa función. Se necesita una reforma normativa que garantice una coordinación efectiva entre instituciones”, sostuvo.
Agregó que, pese a los avances logrados en materia de igualdad y participación política, los desafíos siguen siendo estructurales.
“Mientras no se erradiquen las prácticas de acoso y violencia política hacia las mujeres, la democracia boliviana no podrá considerarse plenamente inclusiva ni paritaria”, sentenció.
Los datos fueron recopilados en el estudio de investigación denominado “Efectividad del tratamiento de los casos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres en instancia electoral”, publicado por Guzmán.
ABI
