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Las medidas de presión de algunos dirigentes médicos perjudican a los pacientes en el Hospital de Clínicas. Foto: Jorge Mamani

Gobierno insta a la dirigencia médica a no afectar la atención a la población

Para el Ejecutivo, el debate del proyecto de Ley 035 corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional y ahí debe trasladarse la discusión.

La Paz, 22 de abril de 2024 (AEP). – La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, exhortó a la dirigencia médica a no afectar la atención en salud de la población, ante la amenaza del sector de un nuevo paro de 96 horas para la próxima semana, que exige dejar sin efecto el proyecto de Ley de Jubilación a los 65 años, que se encuentra en tratamiento en el Órgano Legislativo.

“Esperemos que no se cumpla esta amenaza. El trámite no está con la población, no está con el Ejecutivo, por lo tanto, la población no tiene que pagar los platos rotos. Nosotros exhortamos nuevamente a que el sector deponga las medidas y piense primero en la gente, en aquellos que necesitan atención médica integral, incluyendo los pacientes oncológicos, ellos también se enferman de otro tipo de afecciones y necesitan atención complementaria”, reflexionó la ministra Castro en contacto con medios de comunicación, según un reporte institucional.

La anterior semana, los dirigentes médicos y la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados alcanzaron un preacuerdo para analizar el proyecto de norma en debate, se suspendieron las movilizaciones mientras dure el diálogo; sin embargo, el sector tomó la decisión de continuar con las medidas de presión el jueves 25, viernes 26, lunes 29 y martes 30 de abril.

Paro Médico 2 2224

“La población en su conjunto necesita, merece y tiene el derecho de recibir atención médica”, insistió la ministra.

Al respecto, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, lamentó que algunos dirigentes en el sector salud se opongan a un examen médico para los trabajadores de 65 años, medida enmarcada en el proyecto de Ley de Pensiones. Dijo que la norma busca incrementar las pensiones y descartó que establezca una jubilación obligatoria. Advierte intenciones políticas en el anuncio de medidas de presión.


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