El alcalde Iván Arias utiliza a los representantes del Organismo de Control y Participación Social (OCPS) como policías políticos.
La Paz, 12 de julio de 2023 (AEP).- Los representantes del Organismo de Control y Participación Social (OCPS), que deberían fiscalizar el trabajo del alcalde Iván Arias, funcionan entre la complicidad pagada con “sueldos” camuflados y la violencia física y legal ejercida por empleados públicos.
“El nuevo presidente de los controles sociales Eulogio Aruquipa es un criminal. No hay otra palabra para describirlo”, afirmó Max Huanca, presidente de una de las juntas de vecinos de Vino Tinto.
Según detalló el dirigente, la normativa vigente detalla que ningún representante del OCPS debe tener procesos judiciales en su contra. Huanca relató que Aruquipa tiene 10. También deben tener antigüedad como residentes de la zona a la que representan, mientras que el ahora presidente tampoco cumple este requisito.
El concejal Javier Escalier explicó que, no contento con haber hecho un “equipo” con quienes deberían haber sido sus más estrictos fiscalizadores, el alcalde Iván Arias buscó que la directiva de los OCPS fuese aún más funcional a su gestión.
Para ello no solo se impidió la entrada a la elección de representantes a los dirigentes vecinales que no son afines a él, sino que además funcionarios de Gobernabilidad del municipio golpearon salvajemente a Hiram Alacama —exaliado de Arias— al día siguiente a la elección para que no se pudieran presentar impugnaciones al acto electoral.
“El 14 de junio recibimos la denuncia por parte de varios miembros de los controles sociales de La Paz, de que quien aún ejercía como presidente habría sido agredido por parte de miembros de la Secretaría de Gobernabilidad”, narró el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca.
El expresidente de la OCPS Hiram Alacama junto a la concejala Yelka Maric.
Al llegar le sorprendió la presencia policial y cuando pretendía entrar, se lo impidió alguien que se identificó como fiscal y anunció que las visitas tendrían que esperar a que el aprehendido diera su declaración. Ante ello, Alacama afirmó: “Nadie me dijo que estaba en condición de aprehendido”.
“Es completamente ilegal que una persona pase más de 24 horas en un hospital y no le informen su situación legal. No contentos con golpearlo, lo acusaron de dañar la propiedad pública, luego de que hiciera abrir la oficia de los controles sociales —que está en el edificio Tobías—, donde se encuentran otras dependencias municipales después de que le cambiaran las chapas, cuando aún era el presidente”, comentó Roca.
La denuncia fue más tarde desestimada, lo que para Roca implica que es falsa. Ante tantas irregularidades, el legislador paceño optó por hacer un pedido de informe oral (PIO) al burgomaestre paceño.
“Sabemos que esto puede tardar varios meses, pero estoy muy molesto por la forma en que está procediendo quien antes aseguró que no utilizaría este tipo de tácticas. Estoy muy preocupado porque parece que esta unidad de Gobernabilidad está funcionando más como una suerte de policía política, como en las épocas dictatoriales, que como personal edil”, afirmó.
Estas denuncias vienen de hace mucho tiempo. Según detalló previamente la concejala Roxana Pérez Del Castillo, los representantes acreditados como control social —que deberían fiscalizar las acciones de la alcaldía paceña— fungen como operadores políticos cercanos al burgomaestre Iván Arias y “reciben sueldos” de esa administración.
Según Pérez Del Castillo, estos casi salarios se encubren bajo el rótulo de estipendios, que se justifican como dinero para transporte, comida y otro tipo de gastos. Esta unión entre la autoridad edil y quienes deberían informar a la población sobre la transparencia o las acciones indebidas de quienes administran la alcaldía les brinda una plataforma de beneficios a los que muchos no quieren renunciar.
