En medio de una coyuntura compleja para Bolivia, emerge una preocupante tendencia que amenaza los cimientos de la institucionalidad democrática del país.
El ultimátum del transporte pesado, que exige no solo soluciones inmediatas a la crisis del diésel sino también la destitución de autoridades y el adelantamiento de elecciones, revela una agenda que trasciende las demandas sectoriales y se adentra peligrosamente en el inaceptable terreno de la desestabilización política.
El presidente Luis Arce ha señalado, con razón, los tintes políticos de estas demandas, estableciendo un paralelo con los eventos que precedieron al fallido golpe de Estado del 26 de junio.
Esta observación no debe tomarse a la ligera, especialmente cuando grupos como el opositor Comité Cívico Pro Santa Cruz se suman al ilegal pedido de acortamiento de mandato, lo cual evidencia una coordinación que va más allá de las preocupaciones legítimas por el abastecimiento de combustible.
En una democracia, los cambios de gobierno se dan a través de las urnas en los tiempos establecidos constitucionalmente, no mediante presiones sectoriales o ultimátums.
El pedido de adelantar elecciones aparece como un intento velado de socavar la institucionalidad democrática que todos los bolivianos deben proteger.
Mientras tanto, el gobierno de Arce ha demostrado estar trabajando activamente en soluciones.
La conversación telefónica del Presidente con su homólogo chileno, Gabriel Boric, quien garantizó toda la colaboración necesaria para acelerar la descarga de combustibles en Arica, es un ejemplo de diplomacia efectiva y búsqueda de soluciones concretas.
Este tipo de gestiones, junto con los esfuerzos por diversificar las rutas de importación de combustible, muestran un compromiso serio con la resolución de la crisis.
Sin embargo, estos esfuerzos casi se ven frustrados por los persistentes bloqueos en las carreteras.
La paradoja es evidente: quienes exigen soluciones inmediatas están, al mismo tiempo, obstaculizando la llegada de esas soluciones. Este comportamiento solo puede entenderse desde una lógica de confrontación política que antepone intereses particulares al bienestar general de la población.
Las demandas legítimas deben canalizarse a través del diálogo y la negociación, no mediante medidas de presión que afectan a toda la población y ponen en riesgo la estabilidad democrática del país.
Con madurez política, el Gobierno ha demostrado su capacidad, en consenso y respeto a las instituciones democráticas, de atender las necesidades del pueblo boliviano.
El Gobierno busca soluciones estructurales y efectivas a la crisis del combustible, pero también es responsabilidad de todos los sectores sociales y políticos contribuir a la estabilidad democrática.
