Sin socializar el estudio de costos de la Alcaldía de La Paz sobre el transporte público, sin un consenso con las juntas vecinales que representan a los paceños que sufren cada día por el mal servicio de los choferes, cediendo a las presiones de los sindicatos del volante con un acuerdo que huele más a intereses rumbo a los comicios subnacionales de 2026, queriendo lavarse las manos al echar la culpa de su decisión a la especulación de precios, el alcalde Iván Arias autorizó arbitrariamente el aumento de los pasajes.
Las tarifas de minibuses, micros y trufis se incrementaron en el municipio, siendo los minibuseros los que más tajada sacaron de la torta porque el precio diurno se elevó de Bs 2 a Bs 2,40 para los tramos cortos y de Bs 2,60 a Bs 3 para los largos, aprobándose un costo preferencial para estudiantes y adultos mayores que se convertirá en un saludo a la bandera. Un alza en tiempos de crisis que significa un golpe a los bolsillos de los paceños, aplicado por el exministro del gobierno inconstitucional de Jeanine Añez.
A diferencia de lo ocurrido en otras ciudades capitales del país, donde se avaló también un aumento de los pasajes del transporte público —que de público tiene solo el nombre porque los dueños de los vehículos son privados—, en La Paz no salió humo blanco en la negociación con las organizaciones civiles. Pese a ello, Arias firmó la nueva escala tarifaria y se ganó una ola de críticas de políticos del oficialismo y la oposición, de instituciones especializadas y de sectores sociales, entre ellos de vecinos y gremiales.
El alcalde priorizó los intereses del autotransporte por sobre los de la ciudadanía, bajo el discurso de la existencia de un estudio de costos que planteó un alza que llegue a entre Bs 2,17 y Bs 2,43, pero que peca de falta de transparencia —indicaron entidades como el Instituto de Transporte de la UMSA o la Sociedad de Ingenieros, que no conocen el documento— y abre todo un manto de dudas y especulaciones sobre que lo asumido responde más a un tema político para lograr apoyo para los comicios del próximo año.
¿Por qué se eligió el rango mayor de Bs 2,43 y no se buscó un aumento justo tanto para transportistas como ciudadanos? Arias debe responder, pero prendió la mecha y ahora esconde el fósforo, y culpa al Gobierno por su determinación, cuando el incremento de precios en el país es alentado por grupos económicos que comulgan con la vieja derecha a la cual pertenece. Y hay más perjuicios, porque el Gobierno expresó su preocupación de que este “tarifazo” será una excusa para el encarecimiento de productos y servicios.
Es una prueba más de una administración municipal sin norte, que no tiene una política para el transporte urbano que defienda al usuario. Un incremento que se autorizó —así como pasó en 2016 en la gestión de Luis Revilla— sin que se anulen los trameajes ni se garantice la mejora del servicio de un gremio que recibe gasolina y conversiones a gas natural vehicular subvencionados por el Estado. Está claro que Arias privilegió la rentabilidad de los choferes; solo ellos ganaron, los pasajeros de la hoyada perdieron.
