El gobierno de Luis Arce, una vez que fue posesionado en la Presidencia, puso en marcha un conjunto de medidas económicas para la reconstrucción de la economía, que quedó devastada debido a una desastrosa gestión de parte del régimen de facto.
A diciembre de 2020, la deuda externa en relación al PIB trepó al 33%, el déficit fiscal alcanzó un 12,2% y registró una tasa negativa de 8,8% del PIB, lo que significó un retroceso de 67 años en la producción. Fue un atentado al aparato productivo que derivó en la paralización de la inversión pública, motor del modelo económico boliviano.
Ágil de reflejos, Arce implementó un conjunto de medidas económicas como el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo BOL-34, programas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, Fondo de Crédito de Apoyo a las Exportaciones, Fondo Startup, de Capital de Riesgo para Emprendimientos Innovadores y muchos otros más.
Este conjunto de medidas mostró rápidamente sus frutos porque se dinamizó la economía, el PIB creció a niveles expectables, los empresarios tuvieron grandes ganancias y se contuvo la inflación, pese a las presiones internacionales generadas por el conflicto bélico al otro lado del mundo, las subidas de las tasas de interés para contener la inflación, la crisis climática, el bloqueo interno generado por el “evismo”.
La crisis internacional y el boicot interno afectaron a la economía nacional, que derivó en una insatisfacción de determinados sectores por la escasez de dólares, a la que se suma la coyuntura electoral, que puso en escena a políticos de derecha como Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga, que piden el retorno del neoliberalismo y comenzaron a sabotear/boicotear la economía boliviana.
Los políticos de la derecha, a la que sumó el evismo, impiden que la Asamblea Legislativa apruebe créditos que suman $us 1.667 millones. En un acto de desfachatez, Quiroga, Doria Medina y Reyes Villa plantean volver al FMI para pedir $us 12.000 millones como parte de un plan de “salvataje” para tener dólares o lograr una “emisión adelantada” de bonos por el litio “para lograr 10.000 millones de dólares”.
Con justificada razón, el presidente Arce afirmó en una entrevista que Evo Morales no puede ser considerado de izquierda por haber cruzado “océanos de sangre” para pactar con la derecha y afectar al Gobierno con acciones como el bloqueo de créditos en el Legislativo. A esta desviación ideológica se suma la constatación de que Morales tiene unas enfermizas ansias de poder, pese a las trabas constitucionales y éticas que tiene.
Por esta razón, en las próximas elecciones generales de agosto se enfrentarán dos visiones del país: la industrializadora, la que quiere que el Estado crezca y distribuya los ingresos a los sectores más vulnerables de la sociedad, y la visión privatizadora y derechista.
Gracias a la eficiente y eficaz administración del Gobierno, los indicadores productivos, económicos y sociales son positivos si se los compara con otros países de la región, donde se ve un fuerte deterioro económico y social. Los bolivianos necesitan y piden continuar con este modelo económico porque el retorno del neoliberalismo es el preludio del hambre, la miseria, el desempleo y la venta de las empresas estatales.
