El Gobierno nacional, tal como ocurrió en los años precedentes y en el presente, destina recursos económicos y humanos para socorrer a quienes sufren los rigores de la naturaleza que se traducen en inundaciones, incendios, deslizamientos, sequía y otros.
Como parte de esta política de intervención y ayuda inmediata, desplegó en pasados días a 2.727 militares y entregó más de 18,3 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las familias damnificadas por los efectos de las inundaciones que afectan a diversas regiones del país.
Los militares, de los cuales 1.252 son del Ejército, 795 de la Fuerza Aérea en conjunto con el SAR (Servicio Voluntario de Búsqueda y Rescate) y 680 de la Armada y el SBRAB (Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana), intervinieron en 14 eventos.
Además se entregaron 4.098 unidades de tanques, motobombas y tubos para paliar los graves efectos de los desastres naturales. Esta asistencia benefició a 603 familias afectadas en cuatro municipios del país, con una inversión superior a los Bs 410 mil.
Las lluvias intensas de los últimos días, junto a las heladas y las granizadas, activaron las emergencias en ocho de los nueve departamentos, excepto en Oruro, de acuerdo con el último informe del Viceministerio de Defensa Civil, del Ministerio de Defensa.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos alertas, una hidrológica por el posible desborde de los principales ríos y cuencas en el país y otra meteorológica por las intensas lluvias con tormentas para cinco departamentos.
Como parte de la política social gubernamental, la Agencia Estatal de Vivienda evalúa las casas afectadas para encarar su reconstrucción.
El Gobierno nacional, como parte de la política de mitigar la crisis climática, ejecutó proyectos en agua, riego, saneamiento, sistemas de riego y otros para garantizar el agua para el consumo humano, la agricultura y el ganado animal. Se toman todas las previsiones para evitar que el pueblo sufra las consecuencias de la sequía, que afecta por igual a la producción y la ganadería.
Se entregaron a los municipios afectados por la sequía insumos agrícolas y para almacenar agua potable, como geomembranas, politubos, tanques de PVC de diferentes capacidades (de 3.500 y 5.000 litros), pastillas potabilizadoras, entre otros materiales.
El Gobierno, por ejemplo, llegó inmediatamente a Bajo Llojeta, donde entregó 2,7 toneladas de ayuda humanitaria, se comprometió a la reconstrucción de las viviendas y ordenó el despliego de militares y maquinaria pesada con el fin de apoyar en los trabajos de limpieza del sector.
Pero este esfuerzo del Gobierno central debe ser compartido con gobernaciones, municipios y otros actores sociales como la Asamblea Legislativa que tiene en sus manos 14 proyectos, entre los cuales cinco tienen que ver con la crisis climática, que suman $us 752,2 millones.
Los legisladores deben aprobar estos proyectos ante la emergencia de las lluvias, a la que se deben sumar municipios y gobernaciones que deben desplegar planes de contingencia y declarar zonas de emergencia y desastre para que la ayuda fluya de forma directa.
