La suspensión de la sesión de la Asamblea Legislativa por falta de quórum representa un preocupante ejemplo de cómo los intereses políticos partidarios continúan obstaculizando procesos cruciales para la democracia boliviana.
El crédito de 100 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), destinado en parte a garantizar las elecciones de 2025, permanece bloqueado luego de más de un año de su firma, evidenciando las profundas fracturas que caracterizan el actual panorama político del país.
Este financiamiento no es un capricho gubernamental, sino una necesidad técnica y financiera para asegurar procesos electorales transparentes.
Con condiciones sumamente favorables —15 años de plazo y apenas 0,01% de interés anual— el préstamo permitiría, entre otros aspectos críticos, implementar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y garantizar el voto en el exterior.
Su bloqueo por parte de legisladores evistas y opositores contradice directamente los compromisos establecidos en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, convocado por el Tribunal Supremo Electoral.
La ausencia de 18 senadores, incluyendo al presidente de dicha cámara, Andrónico Rodríguez, revela una estrategia deliberada de obstrucción legislativa que trasciende las diferencias ideológicas para convertirse en un riesgo real para la estabilidad institucional.
Las palabras del ministro Sergio Cusicanqui son de relevancia en este contexto: "No puede haber un interés particular que esté por encima del bienestar de nuestro pueblo".
El anuncio del presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, sobre la revisión de licencias y posibles sanciones podría representar un intento de reencauzar el funcionamiento institucional, pero el verdadero desafío radica en superar la profunda polarización que paraliza al Legislativo.
La organización adecuada de las elecciones de 2025 no debería ser campo de batalla política, sino un objetivo común para todas las fuerzas democráticas.
El país requiere urgentemente que sus representantes demuestren la "madurez política y el compromiso con la patria" que menciona Cusicanqui.
Lo contrario significaría continuar sacrificando las necesidades de la ciudadanía y la estabilidad democrática en el altar de las disputas partidarias.
El ciudadano boliviano no quiere que la mezquindad política ponga en riesgo algo tan fundamental como la realización de sus procesos electorales.
AEP
