En el complejo contexto político y económico que atraviesa el país en los últimos meses, se hizo común un término que, aunque la derecha y sus periodistas y analistas funcionales tratan de menoscabar, no deja de referir a una verdad evidenciada: boicot (o, su sinónimo, sabotaje).
La sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocada para el jueves 20 por el vicepresidente David Choquehuanca debió ser suspendida por la inasistencia de 18 senadores de la derecha y del ala radical evista, lo que impidió tratar y aprobar una ley fundamental para garantizar dos procesos de las elecciones generales de agosto.
El proyecto de Ley de Préstamo de Apoyo de Emergencia para la Respuesta a la Situación del Covid-19, remitido a la Asamblea el 5 de abril de 2023, es una reposición de los recursos que el Gobierno invirtió para combatir la pandemia; como son de libre disponibilidad, el Ejecutivo determinó emplearlos en la implementación del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) y para financiar el voto de bolivianos residentes en el exterior.
De esta forma, la derecha (CC y Creemos) —y también la nueva derecha evista— incumple su compromiso asumido en el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia que organizó en febrero el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de dar certezas a los bolivianos en torno a los venideros comicios.
¿Cuán factible es, estadísticamente hablando, que en un día determinado falten nada menos que 18 legisladores que presentaron licencias con diversos motivos? Evidentemente, se trata de una acción premeditada y planificada —boicot, sabotaje— para impedir el avance de un proceso crucial para el Estado. Y es un accionar anunciado, pues no pocos legisladores afirmaron en días pasados que se opondrían a cualquier préstamo externo, luego de que, tras varios meses de gestiones, finalmente destrabaron un financiamiento de $us 75 millones para la atención de emergencias por las lluvias.
En el ámbito de la ALP, el boicot alcanza a la nada desdeñable cifra de $us 1.667 millones, necesarios no solo para diversas obras y proyectos de infraestructura, servicios básicos y atención a emergencias, sino esencialmente para reponer la disponibilidad de divisas para que el gobierno, vía TGE y BCB, cumpla con obligaciones como la compra de combustibles. Pero el sabotaje no se limita al Legislativo, pues llega también a las calles y carreteras con movilizaciones y bloqueos injustificados que causan serios reveses a la economía y la seguridad energética y alimentaria.
La intención es clara: desgastar y desestabilizar al Gobierno nacional, al presidente Luis Arce; crear una sensación de crisis, alarmar a la población para que rechace la gestión del Ejecutivo y apuntalar así sus ambiciones políticas personales. En lo último en lo que piensan, como queda claro, es en el bienestar de los bolivianos y en el desarrollo de Bolivia.
AEP
