En un momento complicado para la institucionalidad democrática, nos encontramos ante una situación que amenaza no solo la próxima elección judicial programada para diciembre, sino que sienta un precedente peligroso para todo proceso electoral futuro en el país.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de declarar desiertas las convocatorias para magistrados en varios departamentos representa un grave desconocimiento del principio de preclusión electoral, piedra angular de todo sistema democrático moderno.
La preclusión electoral no es un tecnicismo jurídico más, es una garantía fundamental que asegura la certeza y la seguridad jurídica en los procesos electorales.
Este principio establece que las etapas del proceso electoral, una vez concluidas, no pueden retrotraerse ni modificarse. Su respeto es esencial para evitar la arbitrariedad y garantizar la legitimidad de los resultados electorales.
Lo ocurrido hasta ahora, donde la Sala Cuarta del TCP ha vetado parcialmente las elecciones judiciales, constituye una clara violación de este principio.
Como bien señaló el embajador Héctor Arce ante la CIDH, resulta "absolutamente difícil, casi imposible", llevar a cabo una elección judicial de manera parcial en algunos departamentos.
Esta decisión no solo compromete la integridad del proceso electoral en curso, sino que también genera un precedente altamente preocupante de cara a las elecciones generales de 2025.
La reacción unánime del sistema político boliviano, manifestada en el Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, de respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral y el rechazo a la sentencia del TCP demuestra una comprensión clara de lo que está en juego: la estabilidad del sistema democrático mismo.
La comunidad internacional debe tomar nota de esta situación. El principio de preclusión electoral no es una peculiaridad boliviana, sino un estándar democrático universal.
Su violación en cualquier país representa una amenaza para la integridad de los procesos electorales en toda la región. La denuncia presentada por el embajador Héctor Arce ante la CIDH no es solo un acto de defensa de la institucionalidad boliviana, sino una llamada de atención sobre la necesidad de proteger los principios fundamentales que sostienen nuestras democracias.
El TCP, al extralimitarse en sus poderes y declarar la inaplicabilidad de normas mediante una acción de amparo, ha sobrepasado sus facultades constitucionales. Esta actuación, como señala el embajador Arce, es incompatible con un sistema de control concentrado de constitucionalidad como el que rige en Bolivia.
La lección es clara: ningún órgano del Estado, por más alto que sea su rango, puede estar por encima de los principios fundamentales que garantizan la democracia.
La preclusión electoral debe ser respetada no solo en Bolivia, sino en cualquier país que se precie de ser democrático. El futuro de la institucionalidad democrática boliviana depende de que se mantenga firme este principio, especialmente de cara a las elecciones generales de 2025.
La preclusión electoral no es negociable, es la garantía de que la voluntad popular, expresada en las urnas, será respetada sin condiciones ni subterfugios legales.
