El gobierno nacional ha dado un paso importante al autorizar, mediante el Decreto Supremo 5271, la libre importación y comercialización de combustibles por parte del sector privado.
Esta medida, que emerge como respuesta a la crisis de abastecimiento, abre nuevas posibilidades en el mercado de hidrocarburos.
La importancia de este decreto radica en su amplitud y flexibilidad. Ya no se trata únicamente de permitir la importación para consumo propio, como establecía el anterior Decreto 5218, sino que ahora se abre un abanico de posibilidades para que diversos actores económicos participen activamente en la importación y comercialización de combustibles.
Cooperativas, empresarios privados, agricultores y sectores mineros pueden ahora no solo importar, sino también comercializar el combustible entre sus diferentes sectores, creando un ecosistema más dinámico.
Esta liberalización parcial del mercado no significa un abandono del rol social del Estado. YPFB continuará con su política de importación y venta de combustible a precios subvencionados (Bs 3,72 por litro de diésel y Bs 3,74 por litro de gasolina especial), manteniendo así su compromiso con los sectores más vulnerables de la población.
Esta dualidad en el mercado —combustible subvencionado y no subvencionado —representa un equilibrio inteligente entre las necesidades sociales y la eficiencia del mercado.
La medida promete ser especialmente beneficiosa para regiones como Santa Cruz, donde el sector agroindustrial ha enfrentado serios desafíos debido a la escasez de combustible.
Como señaló el presidente de la Anapo, Fernando Romero, con esta norma expedita, el país podría disponer de diésel en apenas siete días, lo que demuestra la agilidad que el sector privado puede aportar a la solución de problemas de abastecimiento.
Las estaciones de servicio también se beneficiarán de esta apertura, pudiendo ahora importar y comercializar combustible a precios de mercado.
Esta flexibilidad en la fijación de precios, aunque podría resultar en costos más altos para algunos consumidores, garantizará la disponibilidad del producto y eliminará las largas filas que han caracterizado la crisis actual.
La vigencia de un año establecida para esta medida permite evaluar su impacto y realizar ajustes según sea necesario. Es un periodo prudente para que el mercado se adapte y los diferentes actores desarrollen sus capacidades logísticas y comerciales.
Este decreto representa más que una simple medida de emergencia, es un paso hacia la modernización del mercado de combustibles en Bolivia.
La coexistencia de un sistema dual —donde el Estado mantiene su rol social mientras permite la participación privada— podría convertirse en un modelo para otros sectores de la economía.
El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de los actores privados para establecer cadenas de suministro eficientes y de la habilidad del Estado para mantener un marco regulatorio que garantice tanto la competencia justa como la seguridad en el suministro.
La transparencia en la implementación y el monitoreo constante serán cruciales para asegurar que esta apertura beneficie a todos los sectores de la sociedad boliviana.
En última instancia, esta medida demuestra que es posible adaptar las políticas económicas a las necesidades cambiantes del país sin abandonar los principios de protección social.
El tiempo dirá si este modelo híbrido de gestión del mercado de combustibles se convertirá en un ejemplo duradero de equilibrio entre eficiencia económica y responsabilidad social.
