Con la promulgación de la Ley de Escaños, el presidente Luis Arce demostró una vez más su vocación democrática y su determinación contundente de garantizar las elecciones generales para esta gestión, en medio de un escenario complicado por dos situaciones: demoras e indecisión en otros órganos del Estado y una guerra sucia de desinformación con la que tanto la vieja derecha como la nueva: los radicales evistas, pretenden desgastar la imagen del Gobierno nacional.
La normativa que fue tratada y aprobada a contrarreloj en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es una base fundamental para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaje con el tiempo necesario en el diseño y elaboración del calendario electoral en miras a los comicios previstos para agosto (aún se debe definir entre el segundo, tercer o cuarto domingo de ese mes), y para garantizar así, como lo manda la CPE, la transmisión de mando prevista para noviembre.
La Ley 1614 aplica los datos poblacionales del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo de este año para la distribución de escaños parlamentarios, por los cuales Santa Cruz gana un curul en la Cámara de Diputados, y Chuquisaca pierde uno. El panorama general muestra que La Paz queda con 29 escaños; Santa Cruz, 29; Cochabamba, 19; Potosí, con 13; Chuquisaca, con nueve; Oruro, con nueve; Tarija, con nueve; Beni, con ocho; y Pando, con cinco diputados.
Se debe destacar de manera particular el liderazgo del presidente Arce que gestionó en persona la búsqueda de consenso entre las brigadas departamentales, ante la pérdida de un escaño por parte de Chuquisaca. Esta merma que deviene de las variaciones demográficas evidenciadas en el censo causó inquietud en representantes chuquisaqueños, pero el Gobierno supo contener aprestos de movilización con un paquete compensatorio que vislumbra la ejecución de infraestructura y obras de primera necesidad en ese departamento.
El trabajo de los órganos Legislativo y Ejecutivo, que allana el camino para el Electoral —protagonista central de este proceso—, tuvo además un importante aporte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que acordó con el OEP velar por la seguridad y garantía de los comicios, en medio de un escenario altamente politizado, en el que se cernía la amenaza de los recursos y chicanas que ya tuvieron un funesto precedente para retrasar las elecciones judiciales e impedir su realización plena.
El Gobierno nacional garantizó también la entrega de recursos para este proceso electoral mediante el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2025, que destina Bs 220 millones para que el OEP organice los comicios.
El panorama ahora está claro y expedito: ningún actor político tiene argumentos para seguir sembrando dudas e incertidumbre en la población, solo por sus mezquinos cálculos políticos. De esta manera, los bolivianos y bolivianas tienen la plena seguridad de que podrán ejercer a cabalidad su derecho básico y fundamental del voto para elegir a sus máximas autoridades para el próximo periodo 2025-2030.
