En un contexto regional marcado por la complejidad del crimen transnacional, Bolivia ha logrado posicionarse como un actor estratégico en la lucha contra el narcotráfico.
Bajo la administración del presidente Luis Arce, el país ha demostrado que es posible enfrentar este flagelo con inteligencia, coordinación internacional y una visión integral de la seguridad.
Los números hablan por sí mismos. En cuatro años, la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico 2021-2025 ha conseguido golpear al crimen organizado: más de 635 millones de dólares afectados al patrimonio criminal y la desarticulación de nueve organizaciones delictivas transnacionales. Estas no son cifras menores, sino el resultado de una política pública robusta y decidida.
Lo más destacable es la transformación metodológica en el abordaje del problema. El Gobierno boliviano ha comprendido que el narcotráfico ya no es un desafío local, sino una amenaza compleja que requiere respuestas multinacionales.
La cooperación con Brasil, Argentina, Chile y Perú, junto con organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha sido fundamental para construir una estrategia verdaderamente efectiva.
La posición geográfica de Bolivia, históricamente vista como una debilidad en términos de seguridad, se ha convertido en una fortaleza gracias a una política de Estado inteligente.
En lugar de simplemente defenderse, el país ha tomado la iniciativa, estableciendo controles en zonas estratégicas y promoviendo operativos conjuntos que desarticulan las redes criminales antes de que puedan consolidarse.
La innovación tecnológica también ha sido clave. El rastreo de flujos financieros ilícitos ha permitido golpear el corazón económico de estas organizaciones, demostrando que la lucha contra el narcotráfico va mucho más allá de la interceptación de drogas.
El viceministro Jaime Mamani ha sido claro: la evolución de las organizaciones criminales exige una respuesta igualmente dinámica y coordinada. Ya no se trata de combatir organizaciones locales, sino de desarticular redes transnacionales con estructura flexible y presencia multinacional.
Esta estrategia representa más que una política de seguridad. Es una declaración de principios sobre la soberanía nacional, la integridad institucional y el compromiso de Bolivia con el desarrollo social.
Cada operativo, cada red desmantelada, es un paso hacia la construcción de un país más seguro y con mayores oportunidades para los ciudadanos bolivianos.
Los logros de estos cuatro años no son casuales. Son el resultado de una visión de Estado que entiende que la seguridad no se construye con acciones aisladas, sino con estrategias integrales, cooperación internacional y un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho.
Los resultados están a la vista.
