La lucha contra los cultivos excedentarios de coca en Bolivia no es solo una cuestión legal, es una batalla por la integridad institucional y el respeto al Estado de derecho.
Las declaraciones del Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas revelan un panorama complejo donde la voluntad gubernamental de cumplir con la normativa nacional e internacional choca con la resistencia de grupos que creen estar por encima de la ley.
El gobierno del presidente Luis Arce ha demostrado una consistencia encomiable en la política de erradicación, y los números hablan por sí solos: 9.458 hectáreas en 2021, 10.260 en 2022, 10.302 en 2023, y ya más de 8.000 hectáreas a noviembre de 2024. Esta continuidad refleja un compromiso serio con el control de los cultivos que exceden las cuotas legales.
Sin embargo, el verdadero desafío se concentra en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión histórico del expresidente Evo Morales.
La paralización de las tareas de erradicación durante casi 200 días no es un problema administrativo, es un acto deliberado de obstrucción que desafía la autoridad del Estado y pone en riesgo los compromisos internacionales de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico.
Las áreas protegidas —el Parque Nacional Isiboro Sécure, el Parque Nacional Carrasco, la Reserva Forestal El Choré— son testigos silenciosos de esta pugna. La Fuerza de Tarea Conjunta no solo enfrenta un desafío logístico, sino una resistencia organizada que busca mantener privilegios por encima de la ley y la conservación ambiental.
Lo más preocupante es la persistencia de un modelo que parece colocar intereses particulares por sobre el bienestar nacional. La erradicación no es un capricho gubernamental, es un mandato constitucional y un compromiso internacional que busca proteger tanto la integridad territorial como la salud pública.
El Gobierno ha sido claro: las tareas continuarán durante diciembre y enero, con el objetivo de alcanzar las 10.000 hectáreas erradicadas. Esta determinación debe ser respaldada por toda la sociedad boliviana, más allá de colores políticos o lealtades regionales.
No se trata solo de cumplir una meta numérica, sino de reafirmar la supremacía de la ley, el respeto a las instituciones y el compromiso con un desarrollo sostenible. Cada hectárea erradicada es un paso hacia la construcción de un Estado de derecho más robusto, más transparente y más justo.
La resistencia a la erradicación es, en el fondo, un desafío a la institucionalidad democrática. Bolivia no puede permitirse que grupos particulares, por poderosos que sean, se sitúen por encima de la ley. La erradicación de cultivos excedentarios no es una guerra contra los productores, es una batalla por la legalidad, la soberanía y el futuro del país.
El compromiso debe ser colectivo. Porque la ley no es un obstáculo, es el camino que nos conduce a una sociedad más justa y equitativa.
