Bolivia rechaza la nueva descertificación unilateral e injerencista de Estados Unidos a su lucha contra el narcotráfico. La política antidrogas nacional dejó atrás el fracaso de los lineamientos del país del norte —que regían en la era neoliberal— para aplicar un modelo comprometido, respetuoso de la soberanía y basado en un enfoque integral que fomenta el trabajo conjunto con Estados de la región y organismos internacionales especializados. Es decir, esta desacreditación solamente se explica por intereses políticos.
Resulta contradictorio que el gobierno ultraderechista de Donald Trump se atribuya la función de “juez moral” en la cruzada contra las organizaciones transnacionales de estupefacientes, cuando en el ámbito mundial, Estados Unidos es reconocido como uno de los principales centros de consumo, tráfico de drogas ilegales y armas que son base de estos delitos. Más aún, no reconoce que el narcotráfico es un problema global con responsabilidades compartidas, cuyo combate requiere de la cooperación multilateral.
Es injustificado señalar que Bolivia incumple acuerdos internacionales y no asume un compromiso con esta lucha, cuando coadyuva en los esfuerzos con organismos que sí tienen legitimidad para evaluar las políticas antidrogas y reconocieron el modelo boliviano: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA o la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Los resultados de las acciones contra el narcotráfico son evidentes. La gestión de Luis Arce realizó más de 49.000 operativos con el secuestro de 171 toneladas de cocaína y 1.620 de marihuana. El promedio de los decomisos es de 35 toneladas de droga, la cifra más alta de la historia del país, superando con creces a las de otros gobiernos entre 1997 y 2020: 14 toneladas con Jeanine Añez, 23 con Evo Morales, 11 con Carlos Mesa, 9 con Gonzalo Sánchez de Lozada, 5 con Jorge Quiroga y 7 con Hugo Banzer.
Más todavía, Bolivia también avanza de manera firme y sostenida en la erradicación de cultivos ilícitos de coca, implementando la concertación y el control social, con lo cual se abandonó la dura represión que fue alentada en la época neoliberal por la presencia de la DEA (Administración de Control de Drogas) estadounidense. Esto permitió una estabilización de los sembradíos y la declaratoria como territorios libres de cocales a dos parques naturales de Santa Cruz en 2024, según el último informe de la UNODC.
La desacreditación de Estados Unidos no es gratuita, busca el retorno de la DEA al país, un plan apoyado por los candidatos que irán al balotaje. Además, el modelo de lucha contra el narcotráfico de Bolivia es una opción al fracaso de la guerra estadounidense contra las drogas, con un modelo digno y soberano que respeta los derechos humanos y que plantea también la creación de la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos. Ese es el camino, con propuestas, resultados y trabajo conjunto, no con descertificaciones.
