A poco del cierre de la gestión del Gobierno nacional, es importante realizar un balance de obras y proyectos capitales para el desarrollo humano, en general, y la mejora de la calidad de vida de los bolivianos, en específico. Un caso de especial importancia, y que merece detenimiento, es el de la reducción del déficit habitacional.
En un reciente posteo en sus cuentas en redes sociales, el presidente Luis Arce dio un informe detallado sobre la gestión en torno a las viviendas sociales. “Hemos llevado el sueño de tener una casa propia a madres y padres solos, personas con discapacidad y adultos mayores, reduciendo significativamente el déficit habitacional”, escribió el mandatario. Es importante enfatizar lo que remarca Arce: que, en los cinco años de gestión, se dio especial atención a las necesidades de sectores vulnerables, poblaciones históricamente marginadas, pero ello no debe hacer perder de vista que es un beneficio general sin distinciones. En diferentes actos de entrega de viviendas, tanto el jefe de Estado como el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, recalcan que una de las prioridades del gobierno, en cuanto al rubro de infraestructura, es lograr reducir el déficit habitacional y, a la vez, achicar la brecha entre las áreas urbanas y rurales en cuanto al acceso a una casa propia.
Las cifras son elocuentes y prueban que se cumplen los objetivos previstos. Desde 2021 se construyeron 76.238 viviendas sociales, con una inversión de más de Bs 4.519 millones, para beneficio de más de 266.000 personas en cientos de municipios de los nueve departamentos. Se debe recalcar que, además de estos directos beneficiados con casas nuevas, los programas de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) generaron 101.397 empleos directos y 171.536 indirectos. Por otro lado, datos del Censo de Población y Vivienda, entregados en semanas pasadas, reflejan que los bolivianos tienen más y mejores viviendas. En 2001, apenas el 39,3% de las viviendas del área urbana eran de calidad alta; en 2024, se llegó al 66,9%. Por otro lado, hay un enorme avance en la tasa de crecimiento intercensal de viviendas en el área rural: de 12,6% en 2012 a 40,9% en 2024. A nivel nacional, se pasó de tener 3.159.000 viviendas en 2012 a más de 4,5 millones en 2024.
Según el esquema organizacional de AEVivienda, la entrega de viviendas sociales, bajo la mayoría de las modalidades, es gratuita o con una pequeña contraparte (terreno, materiales, mano de obra) de los beneficiarios. Así, con estos programas se cumple a la vez dos de las grandes premisas del proceso de cambio: lograr igualdad de derechos y oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la gente. Esta labor es, además, un ejemplo notable del cumplimiento del modelo económico social comunitario productivo, que da estabilidad, permite obras y genera beneficios a diferentes niveles para la población.
