Las estadísticas presentadas por la ministra de Justicia, Jessica Saravia, constituyen una alerta que la sociedad boliviana no puede ignorar por más tiempo.
Cerca de 4.000 casos con adolescentes involucrados en delitos graves entre 2019 y 2024, con más del 50% relacionados con crímenes contra la vida, representan un drama social que exige respuestas urgentes y contundentes.
Cuando se habla de adolescentes involucrados en asesinatos, infanticidios y violaciones, no se está frente a una problemática marginal, sino frente a una crisis profunda que pone en evidencia las fisuras de nuestro sistema de justicia penal juvenil.
El hecho de que muchas de las víctimas también sean menores de edad agrega una dimensión dolorosa a esta realidad.
La propuesta gubernamental de modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente no surge del capricho, sino de un análisis riguroso de datos que revelan la inadecuación del marco normativo actual frente a la gravedad de los delitos cometidos.
Cuando un menor que ha incurrido en violación seguida de infanticidio recibe apenas seis años de sanción, queda en evidencia que el sistema no está cumpliendo con su función ni disuasiva ni reparadora.
La diferenciación etaria propuesta por el Ministerio de Justicia —entre adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años— reconoce una realidad psicológica y social innegable: el desarrollo evolutivo no es uniforme, y la capacidad de discernimiento y responsabilidad se incrementa con la edad.
Establecer penas de hasta 12 años para el primer grupo y hasta 18 años para el segundo no constituye una medida punitiva ciega, sino un ajuste necesario que busca la proporcionalidad entre la gravedad del delito y la sanción correspondiente.
Esta aproximación diferenciada encuentra sustento no solo en la legislación comparada, como señala la ministra Saravia, sino en los principios fundamentales de la justicia restaurativa que debe caracterizar el tratamiento de menores infractores.
Sin embargo, sería un error interpretar esta propuesta únicamente desde una perspectiva punitiva.
Las cifras que sustentan la iniciativa gubernamental deben servir también como punto de partida para una reflexión más amplia sobre las causas estructurales que están llevando a adolescentes bolivianos a cometer delitos de extrema gravedad.
Todo apunta a una realidad social compleja donde factores como la maduración temprana, la desintegración familiar, la ausencia de oportunidades educativas y laborales y la exposición a contextos de violencia confluyen para crear las condiciones propicias para la criminalidad juvenil.
El incremento alarmante de delitos graves cometidos por menores no puede ser abordado únicamente desde el ámbito judicial.
Si bien la reforma propuesta es necesaria y urgente, debe ir acompañada de políticas públicas integrales que ataquen las causas del problema desde múltiples frentes: educación, salud mental, programas de inserción social, fortalecimiento familiar y creación de oportunidades para los jóvenes.
La sociedad boliviana tiene ante sí la oportunidad de construir un sistema de justicia penal adolescente que sea verdaderamente restaurativo, que combine la necesaria severidad ante delitos graves con programas efectivos de rehabilitación y reinserción social.
No se trata de criminalizar la adolescencia, sino de reconocer que cuando un menor comete delitos contra la vida, el Estado tiene la obligación de responder con medidas que protejan a la sociedad y, al mismo tiempo, ofrezcan al infractor la posibilidad real de transformación.
La Asamblea Legislativa tiene sobre sus hombros la responsabilidad de abordar este anteproyecto con la seriedad y profundidad que amerita.
Las cifras presentadas por el Ministerio de Justicia no admiten dilaciones ni politización del debate.
Los 4.000 casos reportados representan 4.000 tragedias humanas que exigen respuestas legislativas a la altura de su gravedad.
El debate debe ser técnico, responsable y basado en evidencia, como solicita el Gobierno.
AEP
