La decisión de los sectores afines al expresidente Evo Morales de recurrir a organismos internacionales para que investiguen los hechos de violencia que ellos mismos generaron constituye un ejercicio de cinismo político que no resiste el más mínimo análisis.
Como bien señala el presidente Luis Arce, resulta profundamente irónico que quienes hace apenas tres semanas hablaban de "batallas finales" y "cercos a La Paz" ahora pretendan presentarse ante el mundo como víctimas de una violencia que ellos mismos desencadenaron.
El pueblo boliviano tiene memoria. Sabe perfectamente quiénes fueron los que bloquearon carreteras durante 14 días interminables, quiénes llamaron a la violencia, quiénes apedrearon ambulancias que transportaban enfermos y heridos.
La ciudadanía boliviana fue testigo directo de cómo sectores evistas convirtieron las protestas en campos de batalla que cobraron la vida de cuatro policías y un menor de edad en Llallagua, Potosí, además de causar otra muerte en Cochabamba.
Más importante aún, la comunidad internacional también tiene plena claridad sobre los hechos. El contacto temprano del Gobierno boliviano con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, el 13 de junio, permitió que la ONU recibiera de primera mano una detallada relación de los hechos de violencia impulsados por los sectores del evismo.
Esta comunicación proactiva y transparente contrasta dramáticamente con la tardía y desesperada maniobra de victimización que ahora pretenden ejecutar los responsables de la violencia.
La respuesta del Alto Comisionado Türk es elocuente: expresó públicamente su solidaridad con el pueblo boliviano y dejó en claro su "apoyo total" a un proceso electoral pacífico.
Esta posición refleja una comprensión clara de quién es la víctima y quién el victimario en esta crisis.
Cuando la máxima autoridad de derechos humanos de la ONU respalda al Gobierno constitucional frente a quienes pretenden acortar su mandato mediante la violencia, está enviando un mensaje inequívoco sobre dónde ubica las responsabilidades.
De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo tiene pleno conocimiento de los hechos, sino que se ha manifestado contra la violencia y las muertes, exhortando específicamente a los actores políticos a deponer sus actitudes.
Esta posición institucional de la CIDH constituye un respaldo implícito a la versión gubernamental de los hechos y una desautorización anticipada de los intentos evistas de reescribir la historia.
La estrategia de victimización de los sectores evistas no puede ocultar un patrón de conducta extremadamente violento.
Como recuerda el presidente Arce, estos mismos actores han repetido una y otra vez que retornarán al poder “por las buenas o por las malas”, una declaración que revela inequívocamente sus sentimientos y conductas profundamente antidemocráticas.
La amenaza reciente de Morales sobre "cuánto va a durar el próximo presidente" no es un exabrupto aislado, sino la confirmación de una mentalidad autoritaria que ve en la violencia un recurso para alcanzar el poder.
La afirmación de que los bloqueos "se nutren con sangre" tampoco es una metáfora, sino la expresión de una filosofía política que normaliza la violencia como herramienta de presión.
Los hechos de Llallagua y Cochabamba han demostrado que esta no era una declaración vacía, sino la anticipación de una estrategia que efectivamente se nutrió con la sangre de policías y civiles inocentes.
La firmeza del presidente Arce al asegurar que "sí o sí los culpables tendrán que comparecer ante la Justicia" no es una declaración política más, sino el compromiso del Estado boliviano con el imperio de la ley.
La investigación de estos crímenes no puede quedar en manos de organismos internacionales que los propios perpetradores pretenden instrumentalizar, sino que debe seguir su curso en las instancias judiciales nacionales, donde existen las competencias y los medios para establecer tanto las autorías materiales como intelectuales.
