A cinco años de las trágicas masacres de Senkata y Sacaba, las heridas en la sociedad boliviana siguen abiertas, sangrantes, sin el bálsamo reparador de la justicia.
El reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no hace más que subrayar una dolorosa realidad: la verdad y la justicia siguen siendo asignaturas pendientes en uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente.
Los números son escalofriantes: 36 vidas segadas, más de 800 heridos, y un sinnúmero de detenciones arbitrarias y actos de tortura documentados tanto por la Defensoría del Pueblo como por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Pero detrás de estas frías estadísticas hay familias destrozadas, sueños truncados y un profundo dolor que el tiempo, lejos de mitigar, solo ha conseguido agravar ante la ausencia de respuestas judiciales.
Es preocupante que, mientras el caso Senkata apenas comienza a desenvolverse en los tribunales, el caso Sacaba ni siquiera cuenta con una orden de inicio de juicio oral. Esta disparidad en el tratamiento judicial de ambas masacres no hace más que profundizar la sensación de injusticia y abandono que experimentan las víctimas y sus familias.
La lentitud del sistema judicial en estos casos no solo representa una falla institucional, constituye una segunda victimización para quienes perdieron a sus seres queridos o resultaron heridos en estos trágicos eventos de noviembre de 2019.
La justicia que tarda no es justicia, reza el antiguo adagio, y cinco años de espera son una eternidad para quienes buscan no solo castigo para los culpables, sino también respuestas que les permitan cerrar sus heridas.
La ausencia de sentencias que esclarezcan los hechos y señalen a los responsables no solo priva a las víctimas de su derecho a la justicia y la verdad, sino que sienta un peligroso precedente de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
No puede haber reconciliación nacional sin verdad, ni paz social sin justicia. La impunidad solo siembra las semillas de futuros conflictos y profundiza las divisiones en nuestra sociedad.
El actual proceso judicial contra Jeanine Añez y otros 17 imputados por la masacre de Senkata, si bien representa un avance, está lejos de ser suficiente. La justicia debe ser integral, alcanzando a todos los responsables en ambas masacres, independientemente de su posición política o jerárquica en el momento de los hechos.
A cinco años de distancia, el clamor de justicia de las familias de Senkata y Sacaba no debe ser desoído. Es una deuda pendiente no solo con las víctimas directas, sino con toda la sociedad boliviana.
La verdadera pacificación del país solo será posible cuando se haya hecho justicia plena y se hayan establecido las responsabilidades correspondientes.
La historia juzgará no solo a quienes cometieron estos crímenes, sino también a quienes, teniendo la responsabilidad de hacer justicia, permitieron que el tiempo diluyera las esperanzas de verdad y reparación. Cinco años son demasiados para esperar justicia.
