La violencia sexual infantil es uno de los problemas más graves de salud pública y de derechos humanos en Latinoamérica, según la Organización Panamericana de la Salud.
La cifras del problema en Bolivia obligan a ver esa realidad como algo verdaderamente cercano e inquietante.
Los delitos tipificados en la Ley 348 —violencia familiar o doméstica, abuso sexual, violación de infante, niño, niña o adolescente y, en otros, estupro— tienen una mayor incidencia que otros en el país.
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2023, la Fiscalía General del Estado registra 20.456 casos con denuncia tipificados bajo esa norma en los nueve departamentos.
Esa cifra, sin embargo, con seguridad es mucho mayor porque cientos de casos nunca son denunciados.
Pero al menos hay una certeza: la inmensa mayoría de víctimas son niñas.
Son varones quienes están detrás de la amplia mayoría de los casos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, pero también los perpetradores de violencia no solo son personas extrañas.
Los hechos han demostrado que la violencia, el maltrato, el abuso y la explotación sexual infantil pasa en las escuelas, en los trabajos y en los hogares.
Hace más de una década rige la Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece una pena máxima de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, para los violadores de infantes y adolescentes.
Los 30 años de prisión —sin derecho a indulto— es una sanción penal acorde a la gravedad del delito de violación, ya que este no solo atenta contra la integridad física de las víctimas, sino que deja secuelas de por vida, muy difíciles de superar.
Es que la niña, niño o adolescente víctima de una agresión sexual sufrirá consecuencias en el corto y largo plazo. Según el Manual de prevención del abuso sexual infantil, publicado por Save the Children, las consecuencias físicas a corto plazo del abuso sexual infantil se manifiestan con pesadillas y problemas de sueño, cambios de hábitos de comida y la pérdida de control de esfínteres.
Save the Children señala que las consecuencias a largo plazo de la víctima de abuso sexual infantil se agudizan con el tiempo hasta llegar a configurar patologías físicas graves.
Los efectos emocionales se manifiestan en intentos de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno de identidad, depresión, ansiedad, baja autoestima y dificultad para expresar sus sentimientos.
Es que los ejemplos sobre el abuso sexual de menores sobran en la sociedad boliviana. Existen hechos que por su crudeza e inusitada violencia son emblemáticos y están presentes en la memoria colectiva.
Hoy, más que nunca, es importante la conformación de la Comisión de la Verdad que impulsa la administración de Luis Arce para atender a las víctimas de esos delitos, nuevas y antiguas.
