El retraso deliberado en la aprobación de créditos por más de $us 1.000 millones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pone de manifiesto una preocupante disyuntiva entre el desarrollo económico y las pugnas políticas.
El presidente Luis Arce ha sido claro al denunciar un "boicot" y "estrangulamiento económico" por parte de los legisladores que se oponen a estos proyectos, una situación que amerita una reflexión nacional.
Los once proyectos de ley presentados por el Ejecutivo no son meras cifras en un papel, representan carreteras que conectarán comunidades aisladas, centros de salud que salvarán vidas, y programas de empleo que ofrecerán esperanza a miles de familias.
La inyección de estos recursos frescos a la economía boliviana no solo es una medida económica, sino una inversión directa en el futuro y el bienestar del pueblo.
En tiempos de desafíos globales, la capacidad de un país para atraer y gestionar eficazmente financiamiento externo es crucial.
Estos $us 1.038.920.000, cifra exacta del monto de los créditos pendientes de aprobación en la ALP, no son solo números en una planilla, son divisas frescas que fortalecerán la posición económica de Bolivia y le permitirán enfrentar con mayor solidez las turbulencias financieras internacionales.
Proyectos como la Carretera Uyuni-Hito LX, el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase II y el Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar, entre otros, son ejemplos tangibles de cómo estas inversiones pueden transformar la vida cotidiana de los bolivianos.
Estas obras no solo generarán empleos inmediatos, sino que sentarán las bases para un crecimiento económico sostenible y equitativo.
La oposición a estos créditos por parte de legisladores de Comunidad Ciudadana, Creemos y aquellos alineados con Evo Morales plantea preguntas inquietantes sobre las prioridades de estos grupos políticos. ¿Acaso el desarrollo nacional y el bienestar de los ciudadanos no deberían estar por encima de las diferencias partidistas?
Es comprensible y necesario que exista un escrutinio riguroso de los proyectos y sus implicaciones financieras. Sin embargo, un rechazo categórico sin un debate sustantivo sobre los méritos de cada propuesta sugiere una postura más orientada al obstruccionismo que a la construcción de consensos en beneficio del país.
La advertencia del ministro Sergio Cuquicanqui de que bloquear estos financiamientos es un "atentado contra el pueblo boliviano" no debe tomarse a la ligera. Cada proyecto retrasado o cancelado representa oportunidades perdidas para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, desde el pequeño agricultor hasta el estudiante universitario.
Bolivia se encuentra en un momento crítico. La aprobación de estos créditos podría marcar el inicio de una nueva era de desarrollo e inversión que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Por el contrario, su rechazo podría condenar al país a un estancamiento económico y social que afectará principalmente a los más vulnerables.
La población boliviana merece un debate serio y constructivo sobre estos proyectos, uno que pondere cuidadosamente los beneficios a largo plazo contra los costos y riesgos potenciales.
El futuro de Bolivia no puede ser rehén de mezquindades políticas.
La Paz/AEP
