Los plazos para cumplir con unas elecciones judiciales de calidad ya están afectados.
El Tribunal Supremo Electoral requiere de 120 días para organizar el verificativo con la firmeza y responsabilidad que marca la Constitución Política del Estado.
Si la fecha tope para la votación sería el 3 de diciembre —luego vendría el proceso de escrutinio de votos para establecer el nombre de los ganadores—, se requiere que el calendario electoral arranque como plazo máximo el 5 de agosto.
Mientras se espera el fallo del Tribunal Constitucional sobre un recurso presentado por un diputado opositor, el proceso de preselección de candidatos, aplazado en dos oportunidades por una medida cautelar, está paralizado en la Asamblea Legislativa.
Y la Asamblea entró en receso de medio año. Retomará sus labores el 1 de agosto.
La Comisión Mixta de Constitución —que tiene en agenda la aprobación de una nueva convocatoria y reglamento para el proceso de preselección de postulantes para la conformación, en elecciones, del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura— aguarda que hasta esa fecha se clarifique el nada alentador panorama con el fallo del Tribunal Constitucional.
El cambio de autoridades judiciales, así lo marca el contrato social de los bolivianos, debe cumplirse vía elecciones.
Las actuales autoridades judiciales culminan su mandato el 31 de diciembre de este año. Luego, desde el 3 de enero de 2024 deberán estar posesionados los nuevos magistrados del país.
La elección de esas autoridades es fundamental para el funcionamiento del sistema judicial en Bolivia.
Si este año no se desarrollan las elecciones, se generará un peligroso vacío de poder en relación a la justicia.
El Órgano Ejecutivo ha descartado recurrir a un decreto para la designación de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
Bolivia es el único país del continente que selecciona a las máximas autoridades, 26 en total, del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional por voto popular.
Estas elecciones, que ya se dieron en 2011 y 2017, se celebran por voto universal no obligatorio y tradicionalmente han tenido una baja participación.
