El gobierno de Luis Arce instruyó, tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas, un operativo para desbloquear la carretera Oruro-Cochabamba y las rutas troncales del país, en atención al pedido clamoroso de los bolivianos afectados por los bloqueos de carreteras del “evismo” que impiden el tránsito de alimentos, pasajeros y combustible. Este operativo está en apego a la Constitución Política del Estado.
Hay que lamentar que los intereses personales y políticos de una sola persona, Evo Morales, ya han causado la muerte de tres policías, que han ofrendado sus vidas en defensa de la patria y de la ciudadanía toda. Su sacrificio no puede quedar impune. Se lo debemos a ellos y nos lo debemos a todos.
Este conflicto expone, además de su criminalidad, el doble discurso del evismo porque por un lado dice luchar por la canasta familiar, pero no deja transitar los alimentos; dice luchar por los más humildes, pero impide su circulación y el ejercicio del empleo; dice estar preocupado por el combustible, pero retiene el paso de las cisternas con carburantes; dice estar preocupado por el bienestar del pueblo, pero habla de "batallas finales" y cercar ciudades con el objetivo de matar de hambre al pueblo.
Los bloqueos y actos vandálicos y de violencia por parte de grupos evistas tienen el único objetivo de derrocar al Gobierno nacional, que fue electo por más del 55% de los votos de los bolivianos. Una muestra de la violencia “evista” son los ataques inclementes contra policías, personal de salud, periodistas, pacientes y la población.
Otro acto de extrema violencia del “evismo” ocurrió en la población minera de Llallagua, Potosí, cuando un grupo enardecido atacó con piedras, palos y dinamitas, cuyo saldo es más de una treintena de heridos, saqueo de comercios y destrozos en las oficinas de la Policía. Este hecho que viola los derechos humanos será denunciado ante la comunidad internacional, sumado a otros más.
Desde el 2 de junio, seguidores de Evo Morales instalaron bloqueos en las carreteras del país, que se focalizan en el departamento de Cochabamba, en demanda de la habilitación del cocalero como candidato para las elecciones generales de agosto, a pesar de dos impedimentos constitucionales que enfrenta, carece de partido y el plazo para la inscripción de postulantes feneció el 19 de mayo.
Los actos vandálicos ordenados por Evo Morales vulneran los principios democráticos más elementales del pueblo boliviano, los derechos fundamentales y buscan el derramamiento de sangre, el caos y la inestabilidad del país. En el otro extremo, el Gobierno nacional garantiza la seguridad, la vida del pueblo y un proceso electoral transparente, justo y democrático, en estricto apego a la Carta Magna.
